El Gobierno resolvió la disolución del pacto "Foradori - Duncan" con Reino Unido, firmado bajo la gestión de Cambiemos, y propuso una reunión para retomar la discusión por la soberanía por las Islas Malvinas. Así lo comunicó el canciller Santiago Cafiero, en reunión con su par británico, James Cleverly, en Nueva Delhi, en el marco de la Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores del G20.

El funcionario de la administración de Alberto Fernández presentó una nota formal informando el cese del acuerdo, y en su lugar, propuso retomar la discusión. En el documento entregado por Cafiero, el Gobierno sostiene que ‘‘el Reino Unido ha realizado continuadamente actos unilaterales, que han sido oportuna y debidamente protestados por la República Argentina", y que, a lo largo de este tiempo, se han negado a reanudar las negociaciones de soberanía por las que bregan las Naciones Unidas.

En otro pasaje, aclara: "Informa al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, conocido como ‘Foradori-Duncan’, y sus efectos, se dan por terminados’’.

A su parte, el canciller planteó realizar una reunión entre ambos países, en la ONU, con sede en Nueva York, para avanzar en una negociación respecto a la soberanía del territorio, la conectividad aérea y marítima de las islas, como también acordar medidas que garanticen los intereses y el modo de vida de los habitantes y que favorezcan el desarrollo de vínculos culturales, económicos, sanitarios, educativos con el territorio continental argentino.

Además, reclamó que se que permita el aprovechamiento, la conservación y preservación de los recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía, y la desmilitarización de las áreas bajo disputa.

En 2016, bajo la administración del aquel entonces presidente Mauricio Macri se firmó el pacto "Foradori-Duncan" entre el vicecanciller Carlos Foradori, y el ministro de Estado para Europa y las Américas, Alan Duncan que fue publicado bajo la forma de “comunicado conjunto” para evitar su tratamiento en el Congreso Nacional.

Desde el actual Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto lo consideran como "uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo" ya que su letra "garantiza a Reino Unido la remoción de los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, desarmando una estrategia que se había impulsado poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación de los recursos naturales del archipiélago".