Continúa el escándalo generado por el episodio de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ sorprendido in fragantti sacando dinero de un banco con tarjetas de empleados de la Legislatura Bonaerense. Por un lado se investiga la conducta de los jueces que tiraron abajo la investigación y por el otro los fondos de ese organismo público. 

Es que la denuncia de los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talarico luego que la Cámara en lo Penal de La Plata anulara la causa, se abrieron dos caminos.

La Suprema Corte Bonaerense investiga el accionar de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, quienes habían anulado la investigación y liberado a Rigau porque consideraron que la policía al detenerlo actuó sin previa autorización judicial: fue allí el 9 de septiembre cuando lo atraparon con las tarjetas y el dinero encima.

La denuncia contra los jueces está en un área control disciplinario de la Suprema Corte Bonaerense donde un abogado analiza la causa y si considera que hay elementos en contra de los jueces, le da la posibilidad de un descargo.

Luego, ese funcionario hace un dictamen donde puede recomendar archivar el caso o bien una sanción y ahí la Suprema Corte en caso de entender que esta última posibilidad implicaría la máxima de ellas, la destitución, envía el pliego al Procurador para que evalúe si corresponde el inicio de un Jury de enjuiciamiento de magistrados. 

Pero la denuncia de la oposición también en un tramo apuntaba al manejo de fondos públicos por parte de la Legislatura Bonaerense y ese tramo por sorteo recayó en el fiscal de La Plata Juan Menucci, quien investigará esa sospecha sin meterse en el escándalo Rigau.