Uno de los fiscales de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), José Ipohorski Lenkiewicz, pidió que el ex ministro del Interior de Carlos Menem, Carlos Vladimiro Corach, y un grupo de parientes y allegados, sean llamados a declaración indagatoria por el presunto cobro de coimas para entregarle la renovación de los DNI a la empresa alemana Siemens en 1997. Lo hizo a raíz del aporte de nuevos datos sobre tres cuentas bancarias cuyos beneficiaros eran Corach o sus allegados, aportados por el Principado de Liechtenstein.

Corach fue acusado de “haber aceptado la promesa de recibir entre los años 1997 y 2005 aproximadamente 15 millones de dólares en concepto de sobornos pagados por directivos de la empresa Siemens AG”.

Ese dinero, sostiene el dictamen –de 36 páginas- fue pagado para que Corach, “en base a su competencia funcional, adopte las medidas necesarias para reposicionar a esta empresa como la oferta más conveniente”.

“Se ha logrado demostrar la existencia de un acuerdo venal celebrado a principios del año 1997” entre directivos de Siemens, quienes están a la espera del juicio oral en la Argentina,  “y altas autoridades del Gobierno Nacional de aquel entonces, quienes para este Ministerio Público Fiscal resultaron ser Carlos Saúl Menem, (Presidente de la Nación), Carlos Corach (ministro del Interior de la Nación) y Hugo Franco (titular de la Dirección Nacional de Migraciones)”, sostiene el escrito, que tiene varias semanas.

Corach, insiste el documento, “celebró un acuerdo venal con los directivos del grupo Siemens, por lo que estaba al tanto de las obligaciones recíprocas emanadas de él”.

La investigación contra ex funcionarios argentinos tramitó ante el juzgado federal de Ariel Lijo y está archivada; la parte de los empresarios de Siemens fue elevada a juicio oral hace casi seis años y a ello se suma una denuncia de la fiscalía contra el lavado de activos PROCELAC de 2019.

La PIA impulsa la reactivación de ese último expediente y, con él, de toda la causa, lo que incluye a los ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem.

“Se cuenta con sobrados elementos como para avanzar en el juzgamiento de los funcionarios públicos responsables y así cumplir con los mandatos asumidos internacionalmente”, resumió la fiscalía.