Desde el próximo lunes se pondrá en marcha el nuevo registro de agentes de salud (obras sociales y prepagas) que, a pedido de los trabajadores, deberán recibir de manera directa, sin intermediarios, los aportes salariales con destino al sistema de salud.

El Gobierno pretende que sea el fin de los contratos de triangulación entre empresas de medicina privada y obras sociales, un mecanismo existente desde hace décadas. La decisión cayó mal entre los sindicatos, y podría acrecentar la tensión entre el Gobierno y la CGT.

El nuevo régimen fue establecido mediante la resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud, de principios de octubre, que fijó el 1 de diciembre como fecha de entrada en vigencia.

De esta manera, a partir del próximo lunes cualquier afiliado podrá solicitar que sus aportes vayan directamente a las arcas de la empresa de medicina privada.

Son 4.300.000 personas, trabajadores en relación de dependencia, las que podrían solicitar este fin de la triangulación, a través de un sitio que habilitará Salud.

Tal como detallaron, ese “peaje” (la comisión cobrada por la intermediación) representa entre 3% y 7% del valor del servicio, según el caso.

Quitar ese costo podría redundar en cuotas más bajas o en aumentos atemperados, pero eso dependerá de las decisiones que tomen las prepagas.

En la Superintendencia de Servicios de Salud describieron que el Gobierno trabaja en una adaptación de la app Mi Argentina para que cualquier usuario pueda ver cuánto de sus aportes van para las prepagas y cuánto para las obras sociales.

Solo en noviembre la triangulación absorbió $41.158 millones. Los fondos propios de la triangulación representan un poco más del tercio del monto que va al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), al que se destina el 15% de los aportes.

El FSR debe cubrir los gastos para atención médica de personas con discapacidad. Y en este punto el Gobierno planea abrir un gran debate que puede impactar en las cuentas de los gobernadores.

La Superintendencia empezó por confrontar las críticas sobre las bajas en servicios y coberturas para personas con discapacidad, a propósito de la famosa motosierra.

Sus números muestran que la cantidad de afiliados con discapacidad que recibieron ayuda del FSR (alimentado con aportes de los trabajadores) aumentó 13,5% entre noviembre de 2023 y el mismo mes de este año.

A su vez, afirman que el subsidio per cápita aumentó 150,7% para el mismo período. Es decir, por debajo de la inflación que hasta octubre interanual acumuló 193%.

Sin embargo, al tener en cuenta solo lo sucedido durante este año, el subsidio per cápita subió 132,5%, cifra que se ubica por arriba del 108,4% de la categoría Salud que mide el Indec dentro del índice de precios.

Pero la discusión que plantea el Gobierno y que puede impactar en las cuentas provinciales no es el grado de cobertura para personas con discapacidad.  El debate pasa por quién debería pagar algunos servicios hoy costeados con el mencionado fondo solidario del sistema.

En noviembre esas coberturas demandaron $88.225 millones y en lo que va del año, $671.530 millones. De acuerdo con cálculos de funcionarios de Salud, dos tercios de ese dinero se destinaron a gastos de educación y transporte.

Más allá de señalar que detectaron facturaciones truchas o con errores humanos, los funcionarios dicen que educación y transporte son tareas de las jurisdicciones. Por lo tanto, proponen que las provincias se hagan cargo de dicha erogación, que en 2024 ronda los $450.000 millones.