Una familia que se dedicaba a la extracción ilegal de oro en Jujuy cayó tras una extensa investigación y diversos allanamientos en varias localidades de la provincia.

Se trata de un “campamento” ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel de mar que está conformado por precarias edificaciones de ladrillo, cemento y chapas, aunque contaba con un garage exclusivo para custodias con dos camionetas de alta gama, una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.

Además, contaban con un grupo electrógeno e internet, según detalló el fiscal Alberto Mendivil, titular de la Unidad de Investigación Penal Preparatoria (IPP) de La Quiaca, creada hace poco más de un mes por el procurador Sergio Lello Sánchez.

En el operativo de allanamiento capturaron a 12 personas y ahora investigan posibles conexiones con redes nacionales e internacionales. “Creemos que hubo un financista y nos llama la atención que todos los vehículos y maquinarias provienen de una misma empresa”, expresó el fiscal.

“Lo hicieron con maquinaria pesada, con palas cargadoras y máquinas orugas. Con pico y pala se avanza unos 30 metros por día, con maquinaria, unos 300 metros diarios”, agregó Mendivil y además especificó: "la familia pasó de realizar extracción de oro de manera artesanal a un esquema industrial. Emplearon recursos logísticos avanzados”.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación indicó que "los integrantes de la familia pasaron de realizar extracción de oro de manera artesanal a un esquema industrial, utilizando recursos logísticos avanzados”. “Lo hicieron con maquinaria pesada, con palas cargadoras y máquinas orugas. Con pico y pala se avanza unos 30 metros por día, con maquinaria, unos 300 metros diarios”, detalló.

“Se movilizaron 180 efectivos de la Policía de la Provincia en un operativo de gran magnitud”, remarcó el fiscal sobre el despliegue que abarcó La Quiaca, Abra Pampa, Orosmayo, Liviara y una zona de alta montaña a más de 4 mil metros de altura, donde se ubicó el campamento.

Según “Todo Jujuy”, la investigación arrojó un total de 60 millones de pesos, de los que los detenidos no pueden demostrar la titularidad.

Por otra parte, se investigan desvíos de agua de un arroyo en la zona, lo que agrava los delitos cometidos por la presunta banda familiar.

A estas personas, se las acusa con los cargos de asociación ilícita, robo, desobediencia judicial y desvío de aguas, sumados a dos imputaciones por amenazas y actos violentos efectuados a inspectores mineros que previamente intentaron realizar controles en el lugar.

“La investigación sigue en curso y no se descarta disponer nuevas medidas judiciales o la identificación de posibles conexiones con redes nacionales o internacionales”, mencionó Mendivil. “Es un caso de gran magnitud por el impacto en los recursos naturales y la sofisticación con la que operaban en una zona inhóspita”, sentenció.