El Objetivo
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su “preocupación” por la exclusión de Editorial Perfil y otros medios nacionales y regionales de la distribución de pauta oficial por parte de empresas con participación estatal mayoritaria, como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación, y advirtió que se trata de un hecho “discriminatorio” que podría encubrir una sanción por motivos editoriales.
En un comunicado difundido este jueves, ADEPA señaló que “la marginación sufrida por estos medios en la contratación de publicidad oficial, y en particular la exclusión de Perfil del esquema de cancelación de deudas previas al 10 de diciembre de 2023, vulnera principios elementales de la legalidad y la equidad”.
La entidad recordó que “estas empresas poseen participación estatal mayoritaria y su gestión está bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional”, por lo que no puede considerarse que sus decisiones sean enteramente comerciales. “Existen claros indicios de que estas exclusiones no responden a criterios objetivos del mercado sino a motivos vinculados a la línea editorial de los medios afectados”, advirtió.
Además, alertó que la no inclusión de Perfil en el proceso de cancelación de deudas publicitarias “desconoce el principio de continuidad jurídica de los actos del Estado”.
ADEPA sostuvo que “la asignación de recursos públicos debe guiarse por criterios de equidad, objetividad y proporcionalidad” y advirtió que el actual manejo “constituye un trato desigual e injustificado”. En ese sentido, puntualizó: “Tal como lo señalamos en nuestro documento de febrero de este año, la contratación publicitaria de organismos o empresas estatales –cualquiera sea la forma jurídica que estas tengan– se expresa en operaciones contractuales por las que se paga una contraprestación a valores de mercado. En dicha contratación se debe evitar cualquier forma de favoritismo o sanción por la línea editorial”.
Según explicó la asociación, la situación fue planteada mediante una carta enviada al vocero presidencial en marzo pasado. No obstante, “según lo manifestado por Editorial Perfil y por otros medios, hasta hoy el problema no fue corregido”.
Por último, ADEPA hizo hincapié en que “los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el marco legal vigente en nuestro país son contundentes respecto a la prohibición de utilizar la pauta oficial como herramienta de presión o castigo editorial.”
