Desde la Legislatura de Córdoba se informó que este viernes, las comisiones de Seguridad; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General de la Unicameral cordobesa pusieron en tratamiento el proyecto de ley 44944, iniciado por la legisladora Nadia Fernández, que crea la Procuración Penitenciaria de la Provincia en el ámbito del Poder Judicial y actuará con autonomía funcional.

Este organismo tendrá por objeto la tutela, promoción y protección de los derechos y garantías de toda persona detenida o privada de libertad en jurisdicción provincial, cualquiera sea el organismo actuante, la naturaleza de la medida o el tipo de establecimiento, incluyendo establecimientos penitenciarios, complejos carcelarios, alcaidías, centros socioeducativos para adolescentes en conflicto con la ley penal y/o cualquier otro dispositivo de detención o privación de la libertad.

“Este proyecto es reflejo de la preocupación que nos sigue generando el sistema penitenciario. Garantizará que se eviten abusos e improvisaciones, y será autónomo aunque tutelado por el Poder Judicial. Además, tendrá una función concreta con adolescentes en conflicto con la ley. Este proyecto viene a fortalecer la arquitectura en materia de seguridad y gestión penitenciaria en la provincia”, aseguró la autora del proyecto.

Según establece la iniciativa, la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba estará integrada por una Procuración Penitenciaria General, tres Procuraciones Penitenciarias Adjuntas y una Secretaría Técnica, designadas por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

Inspección, monitoreo, recomendaciones y medidas urgentes

La Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba estará facultada para llevar adelante inspecciones y monitoreo en establecimientos penitenciarios, complejos carcelarios, alcaidías, centros socioeducativos para adolescentes en conflicto con la ley penal y/o cualquier otro dispositivo de detención o privación de la libertad.

Además, podrá formular recomendaciones, requerimientos o propuestas de alcance particular o general a organismos o reparticiones del estado, para la tutela, prevención y protección derechos individuales o de incidencia colectiva de personas privadas de la libertad.

La negativa o demora injustificada en la colaboración o respuesta a un requerimiento, ocultamiento u obstrucción del trabajo de la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba constituirá falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.

Por otra parte, ante situaciones de grave vulneración de derechos, la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba podrá requerir ante el organismo correspondiente las medidas urgentes que resulten pertinentes.

Las comunicaciones y la correspondencia intercambiadas entre la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba y las personas privadas de la libertad es inviolable, y no podrán ser sometidas al control de ninguna autoridad, ni podrán ser interferidas o impedidas. La correspondencia no podrá ser retenida por ningún concepto. El proyecto será tratado en futuras reuniones de comisión.

Más sobre los fundamentos de la iniciativa

Según se establece, es obligación del Estado garantizar condiciones dignas de detención. Esto no se limita a la mera prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes; implica un deber positivo de organización institucional, que exige crear estructuras especializadas capaces de evaluar riesgos, monitorear estándares y articular respuestas frente a situaciones que afectan derechos fundamentales.

La Procuración Penitenciaria no reemplaza ni interfiere con las funciones del Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública u otros organismos y/o mecanismos de control. Este diseño responde a las mejores prácticas de técnica legislativa y a las experiencias de otros países.

Se incluye en el diseño institucional del organismo, cuya creación se propicia, una Procuración Adjunta con competencia específica en adolescentes en conflicto con la ley penal que se encuentren alojados en centros socioeducativos por orden judicial, con el Régimen Penal Juvenil vigente en la provincia de Córdoba.

Asimismo, esta iniciativa responde a recomendaciones internacionales una procuración adjunta especializada en la situación de adolescentes y jóvenes sometidos al Sistema Penal Juvenil y estándares convencionales y legales aplicables.