El Objetivo
El juicio por la expropiación de YPF en Estados Unidos atraviesa una etapa decisiva, posiblemente la más importante desde que comenzó hace más de una década. En 2023, la Argentina fue condenada en primera instancia a pagar un resarcimiento que ronda los USD 18.000 millones, cifra que continúa incrementándose por intereses a un ritmo estimado de unos USD 2 millones diarios.
El fallo fue dictado por la jueza Loretta Preska, quien fijó una indemnización inicial de USD 16.100 millones, luego ampliada por los intereses acumulados. La sentencia fue apelada y la audiencia de presentación se realizó en octubre pasado.
Ahora la decisión está en manos de los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, integrantes de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. No existe un plazo determinado para el fallo: puede conocerse en las próximas semanas o demorarse meses.
Los posibles escenarios
La Cámara podría resolver en tres sentidos principales:
En el Gobierno sostienen que la audiencia de octubre dejó una impresión favorable y que existen fundamentos sólidos para revertir la condena.
El rol de Burford
La demanda fue impulsada por Burford Capital, firma especializada en financiar litigios (litigation funding), que adquirió hace más de una década los derechos para litigar en esta causa por unos 15 millones de euros. Según datos públicos, posteriormente vendió parte de esos derechos a inversores privados por más de USD 300 millones.
Burford también inició acciones paralelas orientadas a ejecutar la eventual sentencia, incluyendo pedidos de embargo sobre activos vinculados al Estado y amplios requerimientos de información (discovery). Entre los planteos figura el intento de demostrar que YPF y otras entidades actúan como “alter ego” del Estado argentino.
En ese marco, se solicitaron datos y documentación de funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
Desde la Casa Rosada consideran que estos movimientos buscan presionar al país y forzar una negociación, algo que los distintos gobiernos argentinos, desde la administración de Cristina Fernández de Kirchner, pasando por Mauricio Macri y Alberto Fernández, hasta la actual gestión de Javier Milei, rechazaron sistemáticamente.
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo: cada día que pasa incrementa el monto potencial de la condena, a la espera de una definición que podría tener un impacto significativo en las cuentas públicas argentinas.
