Kraisman va a juicio en Córdoba por la empleada "fantasma"

El dirigente peronista y exlegislador provincial Guillermo Kraisman deberá enfrentar un juicio oral y público luego de que la Justicia de Córdoba rechazara su pedido de suspensión de juicio a prueba en el marco de la causa conocida como la “empleada fantasma” de la Unicameral y el robo de una bondiola en un supermercado.

La resolución fue adoptada por la Cámara Décima del Crimen, que negó el recurso legal conocido como probation. Con esta decisión, el dirigente deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por los delitos de tentativa de defraudación y hurto.

El fiscal de Cámara, Fernando López Villagra, emitió un dictamen negativo que fue tomado por el juez Juan José Rojas Moresi para fundamentar el rechazo al planteo de la defensa.

“El código nos permite en ciertos delitos que no son graves llegar a institutos alternativos antes de un juicio y una condena, para imputados que cometen un primer hecho y no son hechos de gravedad como en este caso. La pena no es muy alta porque es una tentativa de defraudación”, explicó el fiscal.

Sin embargo, el funcionario judicial señaló que la negativa se fundamentó en razones de política criminal. Según indicó, el accionar del dirigente “ha perjudicado la credibilidad y la confianza pública en el sistema de acceso a cargos a la Legislatura”. Además, remarcó la importancia institucional de que se realice un debate plenario para esclarecer los hechos y determinar si hubo otros posibles partícipes.

Para evitar el juicio, Kraisman había presentado una propuesta que incluía realizar tareas comunitarias en una asociación civil y pagar una compensación económica al Estado. La oferta contemplaba el pago de hasta dos millones de pesos, a abonar en 12 cuotas, como reparación por los daños causados.

Tras el rechazo judicial, el abogado defensor del exfuncionario, Diego Casado, adelantó que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia. Según explicó, la estrategia buscará cuestionar la decisión argumentando posibles indicios de arbitrariedad en la postura de la fiscalía.

Una de las acusaciones centrales contra Kraisman es por tentativa de defraudación calificada contra la administración pública provincial. La causa se originó a partir de una denuncia y tomó mayor relevancia cuando el dirigente fue detenido en una sucursal del Banco de Córdoba en barrio General Paz. Allí, intentó cobrar el sueldo de una supuesta trabajadora del Poder Legislativo utilizando un DNI falso a nombre de Virginia Martínez, quien figura como "empleada fantasma".

Robo de fiambres y agresión policial

El segundo expediente que complica la situación judicial de Kraisman se remonta a septiembre de 2024 en un supermercado Mariano Max de barrio Ampliación San Fernando.

El dirigente fue interceptado por la seguridad del establecimiento cuando intentaba llevarse sin pagar un blíster de bondiola, jamón crudo, mermelada y cerezas.