El Objetivo
Este jueves, la Comisión de Seguridad de la Unicameral cordobesa comenzó el tratamiento el proyecto de Ley 45512 iniciado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, estableciendo el Régimen de Protección de Víctimas de Delitos, modificando la Ley Nº 8123, Código Procesal Penal.
La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, el legislador Juan Manuel Llamosas, y contó con la presencia del ministro de Justicia y Trabajo del Gobierno de la Provincia, Julián López.
La iniciativa propicia un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, con el objeto de reconocer, ordenar y hacer operativos estándares mínimos de tutela en materia de trato digno, información, participación, asistencia, protección y reparación, asegurando su efectividad en el proceso penal, en armonía con el ordenamiento vigente y con las garantías del debido proceso.
El proyecto parte de la premisa que los derechos de la víctima, deben ser exigibles y operativos, no meramente declarativos. Para ello, se propone un marco provincial sistemático que unifique criterios y establezca obligaciones estatales claras, compatibles con la estructura del proceso penal y con el régimen de partes.
Durante la reunión, López, presentó los principales alcances del proyecto y explicó que el gobernador Martín Llaryora propuso que la norma lleve el nombre de Joaquín Sperani. En ese marco, señaló que la familia del adolescente expresó su deseo de estar presente en la comisión para acompañar el tratamiento de la iniciativa, tras haber atravesado —según indicó— situaciones en las que la “frialdad de la ley” y ciertas interpretaciones rígidas limitaron su participación en el proceso judicial. El funcionario señaló que el proyecto plantea “un cambio de paradigma” al fortalecer la protección de las víctimas dentro del proceso penal, ya que actualmente, si la víctima no se constituye en querellante, muchas veces ni siquiera accede a información sobre la causa.
También se informó que actualmente existen seis proyectos vinculados a la protección de las víctimas en análisis legislativo. En ese marco, la presentación realizada por el ministro y su equipo busca aportar insumos para avanzar en el tratamiento del tema y trabajar de manera articulada con los autores de las distintas iniciativas.
Estuvieron presentes en la reunión, Nadia Fernández, secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico del Gobierno; Alicia Salusso, subsecretaria de Asistencia a las Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Leandro Goria, secretario de Justicia; Yael Samban, directora de Políticas Penitenciarias; y Pablo Sánchez Latorre, director de Políticas Judicial y reforma Procesal.
Principales alcances del proyecto
El proyecto incorpora medidas concretas para garantizar esos derechos, como la posibilidad de que las víctimas soliciten reparaciones y sean informadas y escuchadas. Además, prevé que quienes hayan sufrido delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes, refuerza la obligación de informar a las víctimas sobre decisiones que puedan afectar su seguridad y establece modalidades especiales para la toma de testimonios en casos de violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar. Asimismo, propone la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura.
Informe del sistema penitenciario
En la segunda parte de la reunión, las autoridades del Ejecutivo brindaron un estado de situación y gestión del sistema penitenciario respondiendo a las inquietudes y pedidos de información iniciados por los legisladores Agost Carreño, Gvozdenovich, Grosso, Rossi y Ferrero.
