El Objetivo
En un hecho considerado histórico, la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia contra la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, desestimando los reclamos millonarios que pesaban sobre el país.
De esta manera, el tribunal dejó sin efecto la condena dictada anteriormente por la jueza Loretta Preska, que obligaba al Estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones. La decisión marca un cambio sustancial en el litigio, que se extendió durante más de una década.
En su resolución, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson sostuvieron que las reclamaciones de los accionistas por incumplimiento de contrato no son admisibles conforme al derecho argentino. Además, señalaron que el resto de los planteos carecen de fundamento legal, tanto contra la República Argentina como contra YPF.
El fallo también confirma la desestimación de las demandas contra la petrolera, que ya había sido excluida del proceso en 2023, y ordena continuar con los procedimientos conforme a esta nueva interpretación judicial.
Se trata del juicio más grande que enfrentó Argentina en tribunales internacionales y la mayor demanda registrada en Estados Unidos contra un Estado soberano. En este contexto, el respaldo del Departamento de Justicia estadounidense en las últimas semanas resultó un elemento clave para la resolución.
Uno de los principales afectados por la decisión es el fondo Burford Capital, que había adquirido los derechos de litigio y apostaba a un fallo favorable. Tras conocerse la noticia, sus acciones registraron una fuerte caída, con una baja superior al 43 por ciento.
En paralelo, los mercados reaccionaron de manera positiva para la Argentina. Las acciones de YPF mostraron una suba cercana al 5 por ciento, reflejando el impacto favorable de la resolución judicial.
Desde el Gobierno nacional celebraron el fallo. El presidente Javier Milei lo calificó como “el mejor escenario posible” y aseguró que implica que el país no deberá afrontar el pago de los aproximadamente USD 18.000 millones reclamados actualmente. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el trabajo del equipo legal y remarcó que nunca se consideró avanzar en un acuerdo.
