El Objetivo
El Gobierno de Martín Llaryora atraviesa una semana decisiva con la negociación paritaria docente, considerada la más determinante para el equilibrio de las cuentas públicas de Córdoba. Se trata del sector que mayor volumen de recursos demanda y cuya resolución marcará el rumbo de las futuras discusiones salariales con otros gremios estatales.
La propuesta oficial tiene un componente central que genera tensión en el esquema fiscal: garantizar que los salarios acompañen el último índice de inflación disponible, sumando además un porcentaje extra de recuperación por la pérdida acumulada en años anteriores. Ese adicional alcanza hasta 9 puntos para los salarios más bajos y promedia el 5,3% en el total del sector docente.
Este esquema implica un desafío significativo para las finanzas provinciales, ya que desvincula la evolución del gasto salarial de la recaudación, el principal sostén de cualquier administración. En ese sentido, los ingresos fiscales de Córdoba vienen registrando una caída sostenida en los últimos meses, mientras que la inflación no logra retomar una senda descendente.
En el Centro Cívico advierten que la situación podría agravarse en el corto plazo. Las proyecciones indican que en abril la Provincia podría recibir menos recursos nominales que en el mismo mes del año pasado, lo que implicaría una caída real superior al 33%.
Este desfasaje entre ingresos y gastos genera preocupación en el equipo económico, especialmente por el peso que tienen los salarios docentes dentro del total del empleo público. A su vez, otros sectores ya esperan su turno para negociar, como el ámbito de la sanidad desde abril, los judiciales, que mantienen un plan de lucha activo, y los trabajadores de la administración central.
