El sistema contemplado en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que dependía directamente del Ministerio de Justicia, quedó transformado a partir de este viernes en una nueva dependencia, con estatus de Agencia y autonomía funcional del Poder Ejecutivo.

El cambio lo dispuso el Gobierno a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia: "Transcurridos más de 15 años de vigencia de la Ley N° 25.764 (que implementó ese programa) y, en especial, la experiencia recogida en los últimos años, se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente", señaló el Poder Ejecutivo en los fundamentos de la medida, publicada en la edición de hoy del Boletín Oficial.

La norma, que lleva firma del presidente Mauricio Macri y de otros ministros deja al mismo tiempo abierta la posibilidad de que denunciantes de hechos de corrupción puedan ser incluidos en el alcance de medidas protectivas, al señalar que su alcance puede ser ampliado a "delitos vinculados a la delincuencia organizada o de violencia institucional".

Si bien el nuevo ente, al que se le dio rango de Agencia Nacional, actuará dentro del ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, el DNU 795/2019 establece que se trata de "un ente autárquico dotado de autonomía funcional" que, a la vez, contará con un Consejo Consultivo del que participarán representantes de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Procuración General de la Nación y del Ministerio de Seguridad.