El Objetivo
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un acuerdo salarial y presupuestario con el objetivo de descomprimir el conflicto por los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas.
La propuesta contempla una recomposición salarial del 24,33% que se aplicará en dos tramos: un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. Según lo acordado, la actualización incluye 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y un porcentaje adicional destinado a compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026.
A pesar del entendimiento alcanzado, las universidades ratificaron que continuarán con la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada y ratificada por el Congreso que aún no se encuentra en aplicación.
Más fondos para becas y hospitales universitarios
Además de la mejora salarial, el acuerdo incorpora el compromiso de evitar que los salarios universitarios continúen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación durante 2026.
El acta firmada también prevé un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas clave para el desarrollo del país.
Asimismo, se acordó una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios, mientras que las negociaciones continúan en relación con la situación salarial del personal docente de los establecimientos preuniversitarios.
En estos colegios de nivel medio, el reclamo se profundizó tras la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), lo que provocó una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores del sector.
El reclamo involucra tanto a docentes como a no docentes, y los rectores sostienen que cualquier solución definitiva deberá incluir instancias paritarias y acuerdos con las organizaciones sindicales.
La demanda sigue en la Corte Suprema
Desde el CIN remarcaron que el acuerdo económico no implica el cierre de la disputa judicial por los fondos universitarios. Los rectores confirmaron que no retirarán la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia.
La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades. Sin embargo, actualmente se encuentra suspendida debido a un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
De esta manera, la resolución definitiva del conflicto quedó en manos de la Corte Suprema, que por el momento no tiene un plazo establecido para expedirse sobre el caso.
