Una denuncia por estafa involucra al presidente del grupo asegurador PROF, Carlos Rosales, de "vertiginoso crecimiento en el último año".
Rosales fue denunciado por "estafa, administración fraudulenta y falsificación de documentos públicos" por el abogado Santiago Blanco Bermúdez, quién le reclama 220 millones de pesos, según consta en el escrito presentado en los tribunales, que recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba.

La demanda relata cómo Rosales, en su calidad de titular de PROF, convocó al empresario Alberto Castro a principios del 2017 para hacer un aporte de capital de 12 millones de dólares.

La situación de la aseguradora era delicada para ese entonces, ya que la Superintendencia de Seguros de la Nación había detectado un déficit de capitales mínimos de casi 300 millones de pesos, lo que ponía en peligro la solvencia de la empresa y su funcionamiento, de acuerdo a lo denunciado.

Rosales echó mano entonces a su vínculo con Castro, a quien había conocido a través del poderoso farmacéutico Claudio Di Meglio y con ese "garante" de por medio, no hubo problemas para llevar a cabo la operación.

"No era muy rentable, pero significaba entrar en un nuevo negocio, el de los seguros", afirmó Castro en su denuncia.

Para cumplir su compromiso, el aporte se realizó en dos tramos. El primero, a mediados de octubre de 2017, con la transferencia a PROF de un inmueble en Gualeguay, por valor de 142.900.000 pesos. A fines de ese mismo mes, Castro cedió otras seis propiedades, por un total de 75.470.000 pesos. Sumadas ambas cosas, la cifra final se elevó a $ 218.370.000 (unos 12 millones de dólares, según la cotización de entonces de la moneda norteamericana), consta en el expediente.

A cambio de su desembolso, y a partir del acuerdo con Rosales, Castro iba a involucrarse de lleno en la gestión de la empresa para mejorar su explotación comercial, cosa que finalmente no sucedió, generándose una serie de discusiones internas tendientes a sostener el control de la compañía.

Hasta que finalmente Rosales desplazó a Castro del directorio, aludiendo que la decisión había sido tomada en una reunión del Consejo de Administración celebrada el 30 de octubre, el mismo día en el que el empresario había hecho su segundo desembolso, para completar los más de 200 millones de pesos de aportes.

Castro denunció que, para sellar su salida, Rosales le entregó 30 láminas representativas de los títulos cooperativos de capitalización, por un valor de U$ 222.000 cada uno. Es decir, algo más de seis millones y medio de dólares, la mitad del aporte que había realizado, por lo que inició la demanda para recuperar el dinero aportado a la empresa.

Rosales fue funcionario de segunda línea del gobierno de Daniel Scioli en el área de Salud de la provincia de Buenos Aires, incursionó en el fútbol hace casi diez años, de la mano del entonces presidente de San Lorenzo, Rafael Savino y ahora Marcelo Tinelli le confió el manejo de los números del club.

También estuvo involucrado en un fallido intento de compra del grupo Indalo, que terminó en escándalo, cuando sus dueños, Cristóbal López y Fabián De Sousa, estaban en la cárcel.