A un año del doble crimen en Congreso la fiscal prepara la elevación a juicio

El juez a cargo de la investigación de los asesinatos del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, perpetrados hace un año en una plaza de Congreso, dio por clausurada la instrucción de la causa y la fiscal ya prepara el requerimiento de elevación a juicio para nueve imputados, informaron este sábado fuentes judiciales.

Luego de que la Cámara del Crimen confirmara casi en su totalidad el último auto de procesamiento que dictó en diciembre, el juez en lo Criminal y Correccional 16, Mariano Iturralde, le envió los 37 cuerpos -7.400 fojas-, del expediente a la fiscal Estela Andrades, quien ahora trabaja en la redacción de lo que será el pedido de juicio oral para los procesados.

A un año de este doble asesinato que conmocionó al país por el sitio donde ocurrió y quiénes fueron las víctimas, al punto que al principio se especuló con un "atentado a la democracia" o con algún tipo de "venganza personal", el juez y la fiscal llegaron a una conclusión distinta.

"El homicidio debió necesariamente responder al placer derivado de desahogar el instinto de matar sin motivo, o más bien por motivos banales, tales como probar el arma", escribió Iturralde en el expediente -al que accedió Télam-, donde también destacó que es "difícil encontrar calificativos para tamaño desprecio a la vida humana".

El crimen de Olivares (61) y Yadón (58) ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso.

A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un automóvil Volkswagen Vento estacionado detrás de un micro, les efectuaron varios balazos.

Yadón cayó muerto de tres disparos –uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis-, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y murió tres días después.

Los dos únicos detenidos en la causa imputados como coautores del doble homicidio son los primos Juan Jesús Fernández (43) y Juan José Navarro Cádiz (26), ambos de la comunidad gitana.

La calificación -con pena de prisión perpetua-, es la de "doble homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por placer, así como también por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra".

Según el expediente, ellos fueron los autores del ataque no sólo porque todo el derrotero, desde que llegaron a la plaza hasta que escaparon, quedó grabado en videos de 80 cámaras de seguridad que fueron recopilados y analizados por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal, sino también porque en sus indagatorias, los primos reconocieron haber estado en el auto con el arma homicida, una pistola Bersa Thunder calibre .40 con mira láser, aunque se echaron la culpa uno a otro respecto a quién fue el ejecutor de los disparos.

En su última declaración, durante una reconstrucción realizada en febrero pasado en la plaza Congreso, Navarro Cádiz reconoció por primera vez que el arma era suya, pero dijo que fue su primo quien la manipulaba cuando él estaba agachado consumiendo cocaína y escuchó las detonaciones.

En cambio, Fernández siempre se mantuvo en sus dichos y contó que esa madrugada, mientras estaban consumiendo alcohol y cocaína dentro de su auto, su primo le dijo que tenías ganas de matar a su suegro y, desde el asiento del acompañante, extrajo un arma de la nada y comenzó a efectuar disparos apuntando con ambas manos y frente a su cara.

La pericia del barrido electrónico comprometió en este punto a Navarro Cádiz, ya que detectó restos de la deflagración del disparo de un arma de fuego en su mano izquierda y en tres de sus prendas: una campera, un buzo y un jogging.

La causa dejó procesados a otros siete imputados, aunque todos por delitos menores y sin prisión preventiva.

Las hermanas María Rosa Cádiz Vargas (47) y María Argentina Cádiz Vargas (51), madre y tía respectivamente de Navarro Cádiz, junto a Juan Jesús Fernández Cano (20), hijo de Fernández, quedaron procesados por "tenencia de arma de guerra".

A ellos se los acusa de haber retirado el arma homicida que había quedado tirada dentro del auto Vento de Fernández, en el garage de Bartolomé Mitre 1444, y trasladarla hasta la casa de Navarro Cádiz donde se secuestró.

También quedaron procesados por "tenencia ilegal de armas" halladas en los allanamientos en sus casas, la esposa y el padre del presunto tirador, Rocío Michel Montoya (21) y Miguel Navarro Fernández (56), respectivamente, y Luis Cano (65), allegado a los imputados.

El noveno acusado que irá a juicio por "tenencia y suministro ilegal de armas de fuego" es Luis Felipe Quevedo (49), un vendedor de antigüedades de la ciudad bonaerense de Tandil que fue la persona que le vendió a Navarro Cádiz la pistola del doble crimen.

Estefanía Fernández Cano (25), hija de Fernández, primera detenida de la causa y sobre quien se tejieron una serie de especulaciones respecto a una posible relación con alguna de las víctimas -algo descartado por la investigación-, quedó sobreseída en el último fallo de la Cámara del Crimen.