El proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas que pretende ayudar a moderar los efectos de la pandemia de coronavirus y está destinado a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, venido en revisión de la Cámara de Diputados, fue convertido hoy en Ley por el Senado de la Nación.

El proyecto fue aprobado con 42 votos a favor y 26 en contra, tras un debate de cinco horas en el que el oficialismo defendió el carácter excepcional del tributo y el objetivo de atender problemas económicos y sociales derivados de la pandemia y la oposición sostuvo que "atenta contra la inversión" y que será judicializado.

El llamado "impuesto a la riqueza", impulsado por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y su colega Carlos Heller, establece un aporte por única vez que deberán pagar las personas con patrimonios superiores a los $200 millones, unas 11.855 personas según la última estimación de la AFIP.

En el inicio del debate,  Carlos Caserio (Frente de Todos) remarcó que solo "el 0,02% son los que tienen que hacer este aporte" y señaló que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) determinó que se recaudarían unos $420 mil millones, aunque son "estimaciones".

Además, subrayó que lo recaudado se destinará en un 20% a la asistencia sanitaria, otro 20% para subsidios a las pymes, 20% para las becas Progresar, 15% para los barrios populares y un 25% para desarrollo de gas natural.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el formoseño Luis Naidenoff, sostuvo que el proyecto del oficialismo busca "compensar a los propios con un relato, que es vamos por los sectores privilegiados " pero que "saben que va a terminar en la nada", con demandas judiciales de por medio.

Varios de sus compañeros de bloque insistieron en este punto al señalar que se da una doble imposición con el Impuesto a los Bienes Personales, al tiempo que remarcaron que el nuevo tributo "espanta futuros capitales", como sostuvo la mendocina Pamela Verasay.

Otros, como el porteño Martín Lousteau, pusieron en duda el carácter excepcional de la medida: "Esto no es un aporte, es un impuesto por única vez, y no entiendo cómo vamos a seguir financiando esas cosas si el aporte es solo por un año. Ya sabemos qué pasa con los impuestos extraordinarios en la Argentina".

"Hablan de confiscaciones y dobles imposiciones como si viviéramos en un contexto económico de normalidad en el mundo", respondió, a modo de cierre del debate, la vicepresidenta del bloque Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti.

La mendocina sostuvo además que "lo van a pagar 9.300 contribuyentes de grandes fortunas, personas humanas físicas, no lo van a pagar las grandes empresas, ni las medianas, ni las pequeñas".

Más duro fue su compañero de bancada Oscar Parrilli, quien señaló: "Estamos pidiendo un tributo extraordinario a los privilegiados. Muchos son privilegiados y obtuvieron esos privilegios sacándole al Estado".

En respuesta a su discurso, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal), calificó el proyecto como una "ley de venganza".

"Si queremos hacer efectivos los derechos económicos y sociales necesitamos un Estado que sea capaz de recaudar, pedimos un aporte excepcional que creemos cumple con los requisitos de solidaridad y de justicia tributaria", sostuvo la santafesina María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).

El proyecto convertido en ley establece que la alícuota a pagar irá del 2% al 3,5%, con un diferencial para los bienes declarados en el exterior, que consiste en que sus propietarios queden exentos del impuesto si deciden repatriar el 30% de esas tenencias.