Elevan a juicio la causa por una fiesta clandestina en Villa Warcalde
El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria, (UFES), solicitó la elevación a juicio contra cinco organizadores de un evento masivo desarrollado en el mes de julio del año 2020 en el local ubicado en Avenida José María Eguía Zanón a la altura del 9630 de Barrio Villa Warcalde de la ciudad de Córdoba.
Allí se produjo la violación de las medidas sanitarias vigentes por la pandemia de Covid 19. Se trata de cuatro personas que habitualmente se dedican a realizar espectáculos públicos en la ciudad de Córdoba -tres de los cuales integraban una sociedad de responsabilidad limitada y un relacionista público-, y de un reconocido DJ.
Todos ellos fueron imputados por el delito de violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de epidemia (art. 205 CP).
Del evento, que convocó a casi 300 personas, participó un importante DJ, quien cobraba por sus servicios un porcentaje de los ingresos percibidos por el pago de las entradas. En el lugar, se pudieron advertir diversas infracciones a las normas sanitarias: las mesas dispuestas para el público se encontraban ocupadas por más de ocho personas -las que permanecieron allí sin distanciamiento social- prescindiendo del uso de tapaboca, sin la debida provisión de alcohol en gel u otro sanitizante a su alcance.
Se observó también un flujo desordenando de circulación de personas debido a la ausencia de señalética en el lugar, lo cual desencadenó la aglomeración de las mismas y tampoco se restringió el acceso a las áreas de juegos del predio, lo que derivó en que los menores de edad hicieron uso de los mismos.
Luego de la investigación que incluyó la realización de diversas medidas probatorias –destacándose en particular el allanamiento de las viviendas de los imputados y del predio donde se realizó el evento-, se pudieron colectar diversos elementos de utilidad para la investigación, logrando secuestrarse sendos dispositivos electrónicos utilizados por los organizadores, de cuyo análisis, se pudo determinar que los imputados planearon la realización del evento con antelación y sin la menor intención de acatar las disposiciones nacionales y provinciales dictadas por la autoridad sanitaria para evitar la propagación del virus COVID19, así como los protocolos del COE establecidos para regir la actividad que desarrollaban, priorizando de este modo el provecho económico que les significaría la realización del evento por sobre la salud pública.