La Cámara de Diputados aprobó este viernes a la madrugada y envió al Senado el proyecto de ley impulsado por el Frente de Todos que crea un nuevo marco de biocombustibles, que reemplaza al que funciona desde hace quince años y que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol.

La iniciativa sumó 135 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones, en tanto que se registraron 8 ausencias.

Acompañaron al Frente de Todos en la aprobación del proyecto, los diputados del bloque Juticialista, los del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal, el Movimiento Popular Neuquino y una decena de integrantes de Juntos por el Cambio pertenecientes a provincias azucareras, como Jujuy, Tucumán y Salta.

Los diputados iniciaron el análisis del tema a las 17,45 y debido a la gran cantidad de diputados que pidieron ser oradores, el debate superó las seis horas y media.

El proyecto propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol, en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Energía, Omar Félix (Frente de Todos-Mendoza) señaló que "con esta iniciativa se adapta el marco regulatorio a nuevos escenarios" y se generan "herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector".

"Se nos acusó de impulsar una norma intervencionista, se trata de un mercado que existe solamente por la decisión política expresada en una ley y es lógico que se tomen previsiones para un crecimiento armónico y no se generen efectos no deseados", dijo el legislador.

En contra del proyecto, el también mendocino Omar de Marchi (PRO) apuntó: "Esto va a concluir con un mercado claramente limitado, absolutamente cautivo y evidentemente con tendencia al monopolio, pero sobre todo con una evidente destrucción de la mano de obra argentina".

Por Consenso Federal, su presidente , Alejandro 'Topo' Rodríguez, instó a sus pares a "reflexionar" y "no votar" el proyecto de ley que modifica el Régimen de Biocombustibles impulsado por el oficialismo, y avanzar, en cambio, en "una política que no afecte el ambiente, no atente contra la producción federal y genere trabajo".

Por su parte, el tucumano Domingo Amaya, del PRO, marcó la postura de acompañamiento de los diputados de Juntos por el Cambio que pertenecen a provincias productoras de azúcar.

"El bioetanol representa el 30% de los ingresos del sector azucarero, y absorbe el 25% de la producción. Sin esta ley la industria azucarera no tendría futuro, con consecuencias devastadoras para la región NOA", graficó.

La diputada nacional Mónica Schlotthauer (Frente de Izquierda y los Trabajadores) fue otra de las que anticipó su rechazo al proyecto: "Vamos a rechazar cualquier beneficio más a un grupo de agrodepredadores que no hizo más que beneficiarse desde el Estado con el no pago de impuestos y que están amasando fortunas".

A favor también se expresó el diputado del bloque Justicialista Andrés Zottos, quien advirtió: "Esta es una ley que tiene que ser política de Estado, y lamento que no salga por consenso. Y tengo mis miedos de que terminen judicializándola".

Por Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, justificó el voto en contra: “Está claro que los regímenes promocionales deben terminar algún día, pero deben terminar cuando el sector promocionado por el Estado tiene la capacidad para desarrollarse en ese bendito mercado, y no dejándolo a merced del lobby petrolero, sobre todo a quienes invirtieron y fueron contestes con el espíritu de esta ley pyme”.

Por Juntos por el Cambio, el radical Diego Mestre, expresó: “Está clarísimo que el Frente de Todos lo que propone es el cierre de plantas. En vez de promover un ambiente sano para las próximas generaciones, este proyecto nos impone una transferencia directa de una renta del sector de los renovables al sector contaminante”.

Por el Frente de Todos, el pampeano Ariel Rauschenberger, remarcó: “El hecho de reconocer el mayor costo logístico de las plantas producto de localización desfavorable respecto de los puertos de exportación es enaltecer el espíritu federal que esta iniciativa persigue”.

Fuente: Télam