La titular del Instituto contra la Discriminación (INADI), Victoria Donda, fue sobreseída hoy en la causa en la que había sido acusada por una ex empleada doméstica de ofrecerle empleo en ese organismo o un plan social a cambio de evitar sus reclamos por irregularidades en la relación laboral.

El fallo reconoce que "existieron conversaciones privadas en el marco de las cuales Donda habría formulado un ofrecimiento impropio" a su ex empleada, Arminda Banda Oxa.

"Sin embargo, las medidas de prueba efectuadas corroboraron que, tras esos diálogos, no existió una resolución o una orden emanada de la funcionaria que dispusiera hacer efectivo tal ofrecimiento, ya sea mediante una contratación o el otorgamiento de un plan social", explicó el juez.

Donda fue sobreseída porque "se encuentra acreditada la ausencia de un acto funcional que concrete el desvío de poder presuntamente adelantado en las conversaciones con su ex empleada".

Casanello destacó que "la indignación que puede generar un diálogo entre partes estructuralmente desiguales para llegar a acuerdos injustos, los incumplimientos laborales de una empleadora y/o la naturalización de un uso inapropiado y poco ético de la función pública, no alcanza para formular un reproche penal".

"Sólo configuran delitos aquellas conductas que son consideradas antinormativas por estar previstas en nuestro código penal. Sin ley previa que sancione penalmente un tipo de conducta no es posible hablar de delito, aun cuando el comportamiento observado sea injusto, inmoral o reprobable desde otros puntos de vista", insistió.

Casanello recabó como información que los reclamos laborales de Banda Oxa contra Donda no encontraron solución en la etapa previa al juicio laboral, por lo que el inicio de un reclamo en tribunales aparece como inminente.

Banda Oxa le reclama a Donda 662.987 pesos en concepto de salarios mal liquidados, cargas sociales no pagadas, vacaciones, aguinaldos y otros rubros.

"Lo resuelto en el marco de la presente causa, de ningún modo obsta a que, de corresponder, se activen los procedimientos a los que hace referencia la Ley de Ética Pública", puntualizó el fallo. (NA)