En la 3° Sesión ordinaria presidida por Manuel Calvo, vicegobernador de Córdoba, la cámara dio su aprobación a la adhesión al Consenso Fiscal 2021 que la Nación y 21 provincias suscribieron el pasado 27 de diciembre de 2021. El proyecto tuvo el voto afirmativo de tres bloques, y no acompañaron: Juntos por el Cambio, Coalición Cívica ARI, Encuentro Vecinal Córdoba, FIT y MST.

Entre los compromisos más relevantes asumidos por todas las partes, se destacan los relacionados con la administración y armonización tributaria entre jurisdicciones, y cuestiones de política tributaria y de endeudamiento de las provincias. Por ejemplo, tanto la Nación como las provincias se comprometen a promover el intercambio de información tributaria, y a continuar trabajando en pos de la simplificación y la coordinación tributaria entre niveles de gobierno.

El legislador Leonardo Limia, miembro infórmate del proyecto, explicó que también el convenio establece alícuotas máximas por actividades para el impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos. “Cabe aclarar que la Provincia de Córdoba, según las leyes impositivas y el Código Tributario aprobado, está por debajo de las alícuotas que se ponen como tope en este Consenso Fiscal, salvo para el rubro comunicaciones, el resto de los sectores tienen las mismas alícuotas planteadas en el Consenso Fiscal 2019”, afirmó Limia al referirse a estos dos tributos.

Asimismo, el convenio define parámetros para la determinación de los Impuestos a los Automotores e Inmobiliario, así como también habilita a las provincias la “posibilidad” a que puedan legislar sobre un impuesto al aumento de riqueza a título gratuito.

Verónica Garade Panetta, a su turno, indicó el apoyo de Juntos UCR al proyecto pese a no acordar con todos los detalles del convenio.

“Ustedes se preguntarán si estamos de acuerdo con todos los ejes que regula el acuerdo. La respuesta es que no, pero sí entendemos que este es un instrumento indispensable para evitar la declaración de default en nuestro país. Porque así lo requieren los organismos internacionales para entrar en un marco de previsibilidad, a los fines de la reestructuración de la deuda pública de la Argentina. Acompañamos con el voto positivo porque es momento de darle a nuestro país, consecuentemente a Córdoba, un marco de credibilidad”, expresó la representante de Juntos UCR.

Quien también hizo uso de la palabra fue Julieta Rinaldi, de Hacemos por Córdoba, y durante su discurso resaltó la importancia del trabajo mancomunando entre las distintas administraciones.

“Sabemos que este acuerdo fue fruto de la voluntad de casi todas las jurisdicciones del país. Sabemos también que se trata de una práctica institucional que se viene dando de manera regular y constante hace muchos años, que permite la articulación y armonización tributaria entre todas las jurisdicciones contratantes. Y permite que las decisiones se adopten en el marco de una seguridad jurídica. Estos acuerdos surgen a partir de la necesidad de fijar lineamientos entre la Nación y gobiernos locales, para coordinar las estructuras tributarias entre el Gobierno nacional y las provincias”, remarcó la legisladora.

Otros aspectos del convenio hacen referencia a restricciones para que las provincias aumenten su deuda en moneda extranjera, salvo ciertas excepciones. Del mismo modo se promueve la realización de readecuaciones a la Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal, y sus modificatorias, que en otras cuestiones indica:

a) El gasto corriente de los gobiernos no podrá ser superior al incremento del Producto Bruto Interno; b) en atención al impacto de la pandemia por coronavirus, se considerará un proceso de transición y adecuación en materia de cumplimiento de pautas de gasto y empleo y c) el endeudamiento gubernamental no podrá destinarse a gasto corriente, con las excepciones que correspondan.

Otros temas tratados

En la misma sesión, la cámara aprobó por mayoría y con la abstención de los dos bloques de Izquierda, los pliegos elevados por el Poder Ejecutivo para designar a tres magistrados en juzgados de Conciliación y del Trabajo.

Se trata del abogado Guillermo Joselín Cerda López, nombrado como juez de 1ª Nominación; la abogada María de los Ángeles Morello quien asumirá como jueza de 9° Nominación, y el abogado Álvaro Cuenca designado como juez de 2° Nominación. En todos los casos corresponden a juzgados de Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

También se debatieron en el recinto otros tres proyectos. Uno de ellos referido al origen de los últimos incendios forestales en Potrero de Garay; más tarde se expuso sobre la presencia del genoma del virus Sars-CoV-2 en los líquidos cloacales, para finalmente cerrar con un pedido sobre el tratamiento que hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba en casos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil.