Agostina Páez regresó al país: “Tenía terror de ir a la cárcel”
Agostina Páez, la joven abogada santiagueña, acusada de injuria racial en Brasil, regresó esta tarde a la Argentina luego de que la Justicia del país vecino aceptara el habeas corpus presentado por su defensa para que pueda esperar el fallo definitorio del juez con su familia y amigos.
Páez arribó al Aeroparque Jorge Newbery y pisó suelo argentino después de casi tres meses retenida en Brasil, con tobillera electrónica: "Tenía terror de ir a la cárcel, y de salir a la calle", fueron sus primeras palabras, y añadió que "al fin se terminó la pesadilla".
"Me arrepiento de haber reaccionado mal, a pesar del contexto, me arrepiento de haber reaccionado de esa manera”, confió la mujer, quien fue denunciada en enero último por haber realizado gestos racistas contra un mesero, luego de retirase de un bar en Río de Janeiro. Poco después, fue detenida, le colocaron una tobillera electrónica y la obligaron a permanecer en Brasil.
"Ahora quiero llegar a mi provincia, reunirme con mi familia y mis amigos", añadió, y confirmó que este jueves estará de regreso den Santiago del Estero.
Poco antes de abordar el vuelo hacia Buenos Aires, la joven publicó un posteo junto a su abogada, Carla Junquiera, con el título "Ahora si, nos volvemos", y otra foto junto al vicecónsul argentino en Río de Janeiro, Maximiliano Alaniz Rodríguez, quien participó de las gestiones para obtener algún atenuante.
La joven, de 29 años, viajó acompañada por Junqueira, y al llegar a la estación aérea fue recibida por sus familiares y allegados, en medio de una gran emoción, luego de la incertidumbre que vivió en Brasil, ya que en algún momento se hablaba que podía recibir una pena de quince años de prisión.
Este martes, en tanto, se conoció que la abogada pagó la caución fijada en más de 18.500 dólares, por lo que le retiraron la tobillera y le otorgaron el permiso para regresar.
El caso generó repercusión tanto en Argentina como en Brasil, en un contexto de creciente endurecimiento de las leyes contra actos de discriminación en el país vecino, donde este tipo de conductas son consideradas delitos graves.