
Se desploman las acciones de la petrolera Rockhopper tras ratificar su proyecto en Malvinas
El Objetivo
La petrolera británica Rockhopper comenzó la semana con una fuerte caída en la Bolsa de Londres luego de que se conociera su decisión de ratificar su participación en el proyecto Sea Lion, destinado a la explotación petrolera offshore en el área de las islas Malvinas.
Las acciones de la compañía caían este lunes cerca de un 20% y acumulan un desplome del 32% durante el último mes.
El proyecto es desarrollado en sociedad con la empresa israelí Navitas y generó la aplicación de sanciones comerciales por parte del Gobierno argentino. A pesar de las tensiones políticas, Rockhopper señaló la semana pasada que el desarrollo continúa adelante.
Cuándo comenzaría la producción de Sea Lion
Rockhopper comunicó su previsión de que el proyecto Sea Lion comience a extraer crudo durante el primer trimestre de 2028.
La petrolera británica posee el 35% del proyecto, mientras que Navitas, que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv, controla el 65% restante.
Según el cálculo realizado por la consultora Netherland, Sewell & Associates, el yacimiento cuenta con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.
Dos etapas para la explotación petrolera
La primera etapa del proyecto contempla la utilización del buque flotante de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu.
Para una segunda fase, cuya decisión final de inversión está prevista para 2028, Navitas planea utilizar el FPSO OSX-1, adquirido en agosto. En este caso, la producción inicial está estimada para 2030.
Rockhopper indicó que ambas unidades podrían llevar la producción hasta 180.000 barriles diarios.
La empresa también señaló que una ampliación de capital por USD 200 millones le permite asegurar el financiamiento del proyecto hasta mediados de 2028.
Las sanciones del Gobierno argentino
El Gobierno argentino reforzó durante este mes la presión sobre las compañías que operan en las islas Malvinas, territorio ocupado por el Reino Unido y cuya soberanía es reclamada por la Argentina.
Entre las medidas impulsadas se encuentra un proyecto destinado a endurecer el régimen de sanciones creado en 2011, con penas dirigidas a empresas, accionistas y proveedores.
La administración argentina considera ilegítima la actividad del Reino Unido en las Malvinas y en los espacios marítimos circundantes, en el marco del histórico reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.


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