En los fundamentos, el proyecto expone que Argentina no posee una ley que proteja y priorice a las empresas domiciliadas en el país que, habiendo cumplido con todos los tributos argentinos, reciban asistencia financiera en el marco de situaciones de emergencia, catástrofe o fuerza mayor, como la actual pandemia de COVID 19, respecto de aquellas domiciliadas en “paraísos fiscales” o que ha sido comprobada su evasión fiscal por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Hace alusión también a leyes similares que se están discutiendo o aplicando en países de la Unión Europea, como Francia, Polonia y Dinamarca. Se menciona también el caso de Italia, que estudia unirse a la iniciativa, después de que el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, se sumara a las voces que piden poner coto a estos refugios financieros.

La iniciativa fue acompañada por los diputados Walter Correa, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, Claudia Beatriz Ormachea, Carlos Ponce, Ayelén Spósito, Hugo Yasky y Juan Emilio Ameri.

En los párrafos finales de los fundamentos, enfatizan que “en este marco de emergencia que nos encontramos es el momento de fortalecer las acciones frente a nuestros ciudadanos y priorizar a nuestras empresas en especial las que hacen un verdadero esfuerzo por contribuir a una mejor realidad para nuestro país.”