La Legislatura porteña tratará el proyecto de Ley que regula los delivery

La Legislatura porteña tratará este jueves el proyecto de Ley que busca regular la actividad de los repartidores, mensajeros y aplicaciones de delivery, que obliga a todos ellos a constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y contar con un seguro laboral, entre otros puntos.

Además, el proyecto de Ley prohíbe el sistema de incentivo y castigo a los trabajadores e incorpora un sitio de quejas para los clientes.

Como ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Tránsito y Transporte y de Justicia y de Asuntos Constitucionales, será suficiente con una mayoría simple -los votos positivos de la mitad más uno de los presentes- para su aprobación.

Según informaron desde el despacho de García de Aurteneche, el objetivo del proyecto es "mejorar la seguridad vial de los repartidores y sus medidas de protección" y establecer "reglas claras de circulación".

De aprobarse, la nueva norma vendrá a regular una modalidad de trabajo que adquirió protagonismo a raíz de la cuarentena por el coronavirus: el servicio de mensajería y reparto de sustancias alimenticias, popularizados con el crecimiento de plataformas como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.

Para ello, el proyecto del oficialismo porteño propone la creación de un registro de las operadoras digitales y los repartidores y mensajeros, e incorpora requisitos como estar inscriptos en la AFIP y la AGIP.

Por otro lado, exige a los repartidores contar con una habilitación y hacer cursos de capacitación relacionados con seguridad vial.

Desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP) cuestionaron ayer el proyecto al definirlo como "discriminatorio" hacia los repartidores.

En un comunicado, la APP argumentó que la iniciativa crea "la figura del repartidor habilitado" y "dispone más de 15 sanciones en los códigos de transporte, de faltas y contravencional especialmente pensadas para perseguir a los repartidores que no cuenten con la habilitación".

En la actualidad existe una ley que regula la actividad de los deliverys, pero no prevé la modalidad bajo la cual trabajan plataformas digitales.