El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Fernando Muñoz dejó hoy sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que había suspendido el partido del expresidente Rafael Correa a solo siete meses de las elecciones generales y a semanas del inicio de las primarias de todas las fuerzas políticas del país.

El primero en reaccionar fue Correa, desde Bruselas, en Twitter: "Parece que hay vestigios de decencia en el TCE. Entonces que también dejen sin efecto la reforma -con dedicatoria- del reglamento que exige aceptar en forma “personalísima” las candidaturas, absurdo que perjudica además a decenas de miles de migrantes y personas vulnerables".

En los últimos meses, el expresidente hizo conocida su intención de presentarse como candidato a la Vicepresidencia -ya que una reciente reforma constitucional no le permite un nuevo mandato presidencial-, pero la última reforma de las normas establece que debería aceptar esa candidatura de forma presencial en el país, lo que no parece posible ya que posee una condena a prisión de segunda instancia por corrupción.

Pero, a esta imposibilidad personal se le había sumado el mes pasado la suspensión de su actual partido, Fuerza Compromiso Social, lo que había sido denunciado por Correa como un intento de proscribir no solo a su persona, sino a toda su fuerza política.

El CNE, aceptando el pedido de un contralor que advirtió sobre la posible falta de 16.000 firmas, suspendió la inscripción de cuatro fuerzas políticas: la correísta Fuerza Compromiso Social; Justicia Social; Libertad es Pueblo del hermano del presidente Lenín Moreno, Gary Moreno; y Juntos Podemos.

Hoy, el juez Muñoz aceptó el recurso interpuesto por Manuel Castilla, director Nacional de uno de los partidos sancionados, Justicia Social, y dejó sin efecto la resolución que suspendía a los cuatro. Castilla -al igual que Correa- había argumentado que la resolución del CNE era ilegal y carecía de fundamentos válidos para suspender a las organizaciones políticas.

El juez del TCE le dio la razón y concluyó que la resolución del organismo electoral “vulnera los derechos de organización política de miles de ciudadanos que presentaron su apoyo para la conformación de una organización política”, según reprodujo el diario local El Universo.