El Intendente Martín Llaryora firmó un decreto mediante el cual dispone que todos los funcionarios, dentro del plazo de 60 días hábiles administrativos, deberán presentar ante Oficialía Mayor un certificado a los fines de acreditar que no están incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La normativa establece que transcurrido dicho plazo, se procederá a desvincular a aquellos funcionarios designados por el Departamento Ejecutivo que se encuentren consignados en el mencionado Registro.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos fue creado por ley provincial 8892 y el Municipio Capital adhirió a la medida a través de la Ordenanza 10.511, con la finalidad de promover medidas de acción para garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 34 de la Carta Orgánica Municipal.