El ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Mayta, afirmó que “legalmente existe la posibilidad” que la justicia en su país ordene extradiciones, interrogatorios y operaciones fiscales a funcionarios argentinos que hayan participado del envío de "material represivo" a la nación andina durante noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

“La Justicia boliviana tiene como posibilidad solicitar extradiciones y tomar interrogatorios fuera de nuestra frontera como parte de la operación judicial. Pero esas decisiones las tomaran los fiscales que conocen de la investigación y los jueces que ejercen el control jurisdiccional. Legalmente existe esa posibilidad” comentó este martes Mayta en declaraciones a radio Télam.

El Gobierno argentino presentó el lunes una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de material destinado a reprimir las movilizaciones contra la asonada que derribó a Morales.

Al respecto, el canciller Mayta afirmó que en la actualidad solo se puede ver “la punta del iceberg” en una investigación que muestra la vinculación internacional que consolidó al gobierno de facto de Jeanine Áñez, quien en la actualidad se encuentra detenida en Bolivia acusada del delito de sedición.

“Esa consolidación fue realizada y pensada a través de vencer y derrotar al movimiento popular mediante operaciones militares policiales de represión a la protesta social con uso de armamentos”, detalló.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia del Estado Plurinacional indicó que para llevar a cabo estas operaciones resultó necesario el envió de material represivo desde Argentina, algo que se agradeció en una “nota escrita” enviada por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, a la Embajada argentina en La Paz, el 13 de noviembre de 2019.

“El 13 de noviembre llego el material bélico en un avión. El 14 el gobierno de Áñez emitió un decreto supremo que dispuso que se desarrollen las operaciones militares contra la protesta social. No se dijo, pero se habilitó el uso de armamentos letales”, completó.

Mayta recordó que ese decreto de Áñez también estableció liberar “de responsabilidad penal” a los militares por los actos represivos que se ejecutaron, fundamentalmente en el departamento de Cochabamba y la ciudad de El Alto.

Un día después “se da una primera masacre”, mientras que el 16 de noviembre llegan otros “cargamentos especiales” desde Ecuador, país que también se encuentra bajo investigación por enviar material bélico en este contexto.

“El 19 de noviembre se da otra masacre más y en el ínterin hubo varias operaciones de represión militar y policial con uso de estos materiales, que se dicen no letales, en acciones violentísimas que finalmente logran consolidar a Jeanine Áñez en el Gobierno”, subrayó.

Además, el ministro dudó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) pueda manifestarse porque “ha sido uno de los actores principales de la desestabilización” del gobierno del ex presidente Morales.

“Si algo podemos pensar de la OEA es que si ha habido una articulación internacional para provocar la caída de Morales y consolidar a (Jeanine) Áñez en el Gobierno. En esa articulación estarían varios operadores de esa Organización”, afirmó.

Por otra parte, consideró que Añez va a continuar en prisión preventiva “por unos meses” mientras continúa la investigación y se define si “va a ir a juicio”, aunque no cree que la exoneren de responsabilidad “dada la cantidad de evidencia en su contra”.

“El pueblo de Bolivia quiere saber la verdad y que es lo que ocurrió claramente, pero no quieren que se lo cuenten de forma demagógica o solamente discursiva, sino con elementos concretos y objetivos, como la carta que se presentó o los elementos que están surgiendo en Argentina. Por eso es necesario que las víctimas tengan justicia", puntualizó.