El Objetivo
La Justicia federal de Dolores citó a indagatoria al expresidente Mauricio Macri por presunto espionaje a familiares de tripulantes del hundido submarino ARA San Juan en noviembre de 2017, luego de iniciada las investigaciones que apuntaban a una responsabilidad de organismos del Estado por el mal estado de la navegación.
Es en el marco de una denuncia realizada por familiares de víctimas de los hundidos y donde ya fueron procesados los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
La acusación es por haber ordenado, permitido, organizado y ejecutado la "realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley" entre diciembre de 2017 y finales del año 2018.
Concretamente, se sospecha que ordenaron recolectar información por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos de los familiares, y de los integrantes del buque "El Repunte" y del buque "Rigel".
En la denuncia hecha en septiembre del año pasado por la interventora de la AFI Cristina Caamaño, el juez también procesó a un grupo de espías que cumplían funciones en la Base Mar del Plata dependiente de la Dirección de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia.
El momento de los supuestos delitos cometidos, es cuando familiares de víctimas realizaban marchas en reclamo de Justicia por las supuestas responsabilidades de organismos estatales en el hundimiento del submarino donde fallecieron 44 tripulantes.
La acusación contra Macri, tal cual lo denunció la interventora, es por ser el "responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional". Según la sospecha, las tareas de inteligencia "respondieron a una orden directa emanada del Poder Ejecutivo Nacional".
"La estructura jerárquica dentro de la Agencia Federal de Inteligencia y la identificación de esta línea ascendente para el reporte de la información recogida, se erige como otro indicador objetivo de la existencia de órdenes directas emanadas de las máximas autoridades del organismo, así como de su permanente coordinación de las labores de inteligencia prohibidas llevadas a cabo la Delegación Mar del Plata", sostuvo el magistrado.
Parte de las tareas ahora imputadas también tiene que ver con seguimientos a familiares de víctimas del submarino hundido, una de las cuales fue en enero de 2018. Incluso, el juez recordó que familiares dijeron haber tenido problemas con sus teléfonos celulares y sus correos electrónicos.
