El intendente de Villa María y referente del Frente de Todos en Córdoba, Martín Gill, manifestó su preocupación por el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el diferendo por recursos de coparticipación entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Me preocupa fundamentalmente el criterio de resolución de la Corte Suprema en un tema que es competencia del Congreso de la Nación, como es la distribución de la coparticipación”, señaló.

“El origen de esto es un decreto del entonces presidente Macri que le saca fondos a las jurisdicciones provinciales o a la masa coparticipable e incrementa sustantivamente el presupuesto del distrito electoral más rico de la Argentina, aumentando las asimetrías, generando nuevamente una visión unitaria y centralista de la realidad”, recordó.

“Es un fallo que atenta contra esa noción federal, por lo tanto uno lo ve con preocupación y ojalá existan las instancias recursivas o de revisión que permitan al máximo órgano judicial de la Nación poder entender y comprender la magnitud que tiene una resolución de esta temática para el desarrollo nacional con una perspectiva federal”, afirmó Gill.

El titular del municipio villamariense resaltó que se trata de un tema que debe ser resuelto en el Congreso de la Nación. “El único tema que queda pendiente de la Constitución de 1994 es la sanción de una nueva ley de coparticipación que se establecía como una obligación del Congreso de la Nación dictarla”, apuntó.

“La falta de diálogo político y de consenso impidió que esa ley convenio que es justamente la nueva Ley de Coparticipación se dictara y se viene continuando con la vieja ley. La única modificación que se ha hecho es un decreto presidencial que le sacó a la masa a distribuir entre todas las provincias, fundamentalmente las más desfavorecidas, las más pobres, para concentrarlos en la ciudad más rica de la Argentina y destinarlo a la cobertura de la Policía local, que terminan pagando todos los argentinos, cuando en realidad cada provincia debe hacerlo con sus propios fondos”, resaltó.

Martín Gill consideró que la transferencia de fondos para seguridad en CABA es desproporcionada en relación a los recursos de otras jurisdicciones. “Es un aporte económico que resulta ser insostenible en términos comparativos en relación a otras Policías, como la de Córdoba, máxime considerando que la Ciudad de Buenos Aires debe entrar en la provincia de Córdoba miles de veces y teniendo una población mayor que ella”, indicó.

“Es inentendible que haya fallos de esta magnitud, de esta consideración, si uno no lo entiende en términos políticos”, recalcó.