El Tribunal Oral Federal N° 4 aumentó los embargos para todos los procesados por defraudación contra la administración pública en la Causa Skanska a raíz de la economía inflacionaria que padece la Argentina.

“Se trata de establecer la procedencia de su actualización en razón del tiempo transcurrido desde su determinación; período en que la moneda nacional se ha visto depreciada a causa de la inflación”, coincidieron los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñíguez.

Entre quienes recibieron el incremento del monto de los embargos, que trepan hasta más de 150 millones de pesos, figuran el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, y el ex gerente general de Nación Fideicomisos. Néstor Ulloa.

En los casos de los imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, los embargos –que habían sido originalmente dictados en 2017- pasaron de 34.594.947,30 pesos a 150.752.273,00, en tanto que para los acusados sólo por cohecho el incremento fue de 14,5 millones a 44.610.366,50. El aumento de los embargos alcanzó también a la empresa Pecom Servicios Energía, sucesora de Skanska.

En la causa, instruida en primera instancia por el juez Sebastián Casanello, se investigan presuntas irregularidades en el Proyecto de Ampliación de Gas 2005, que preveía una expansión de la capacidad de transporte de gas natural que comprendía la instalación de gasoductos en el norte y en el sur, la incorporación de potencia de comprensión en plantas existentes, el acondicionamiento de las plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva planta compresora. Las obras estarían financiadas por un fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomisos.

Según determinó la investigación, que está camino al juicio oral, la licitación pública que debía realizarse como procedimiento regular de contratación no se realizó, se modificó por un concurso privado, al cual se invitaron a unas pocas empresas para participar del procedimiento de adjudicación.

La lista de los procesados que sufrió el incremento mayor del monto de los embargos está compuesta por Julio De Vido, José Francisco López, Néstor Ulloa, Mario Piantni, Gustavo Vago, Javier Azcárate, Eduardo Varni, Ignacio De Uribelarrea, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba.

La de quienes sufrieron el embargo por el monto menor está integrada por Rubén Gueler, Claudio Moreto, Pedro Carrozo, Raúl Orsini, Renato Cecchi, Walter Cecchi, Danimiro Kovacik, Daniel Nodar, Estela Insenga, Miguel Ángel Spital, Adrián López, Juan Cruz Ferrari, Jorge Roldán, Alejandro Tettamanti, Blas Pierotti, Alejandro Porcelli, Alfredo Greco, Jorge Butti y Enrique Rubinsztain.

El incremento de los embargos había sido pedido por el fiscal general, Abel Córdoba, y su colega, María del Carmen Cena, a cargo de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación.

La jueza López Iñíguez, en un voto con una disidencia parcial, sostuvo que “antes de llevarse adelante el juicio oral y público, de cuyas resultas se podrán establecer con claridad las respectivas responsabilidades de los imputados, e incluso la inocencia de alguno de ellos, es suficiente para conservar el valor actualizado de los montos de embargo trabados por Casanello la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina”.

Esa tasa –añadió- “tiene carácter resarcitorio, contempla la desvalorización de la moneda y a la inflación, y evita el riesgo de generar una cautela injusta, por excesiva, sobre los patrimonios de los imputados, lo que la podría tornar irrazonable”.

Pero sus colegas Costabel y Gorini coincidieron en aplicar “la tasa activa de la cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina”, a resultas de la cual los montos fueron significativamente mayores.