El saldo principal de la sesión de este miércoles fue la aprobación, en general y por unanimidad, de la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de una serie de inmuebles en la localidad de Miramar de Ansenuza, que se encuentran próximos a las orillas o bajo las aguas de la Laguna Mar Chiquita.

La sanción se propone poner fin a una problemática que viene castigando a los habitantes de Miramar, beneficiando a su comunidad y a sus futuros habitantes por medio de una urbanización sustentable y sostenida que permita cuidar la maravilla natural que representa la laguna. En los hechos, la expropiación permitirá que inmuebles que están debajo de las aguas queden saneados.

Ramón Giraldi, legislador por el departamento San Justo y coautor del proyecto junto su par Alejandra Piasco, señaló que la expropiación dictada por la esta ley “tiene por objeto la construcción de lagunas de retardo, es decir de estructuras hidráulicas diseñadas para gestionar el flujo de agua y evitar que la localidad se vuelva a inundar. Son medidas que se traducen en un beneficio certero para todos los habitantes de la localidad de Miramar de Ansenuza”, sostuvo Giraldi.

En total, se trata de 950 lotes comprendidos en 114 manzanas, lo que encierra una superficie de 646.881 metros cuadrados.

Agregó el legislador Giraldi que Miramar de Ansenuza “puede abrir paso a otra importante fuente de ingresos, que es el turismo. Es por eso que, mediante este proyecto de ley, pretendemos promover otras alternativas y condiciones para el sector turístico, para que sea una parte fundamental de nuestra economía departamental”.

“Estamos seguros de que Miramar de Ansenuza, la única localidad costera de la laguna, le abrirá las puertas al turismo internacional desplegando todo su encanto natural, favoreciendo su economía y a toda la región”, finalizó.

En el hemiciclo de sesiones estuvieron presentes el intendente de Miramar de Ansenuza, Adrián Walker; el intendente electo de Miramar, Gerardo Cicarelli; el secretario de Gobierno, Julio Escobar; el presidente del Concejo Deliberante, Juan Brezo y el asesor letrado del municipio, Cesar Pons.

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Durante la sesión quedó denegada la formación de causa y se desestimó un pedido de juicio político a las doctoras Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati, vocales del Tribunal Superior de Justicia. Se computaron dos votos negativos del bloque Encuentro Vecinal Córdoba y las abstenciones de los bloques MST Nueva Izquierda y FIT Unidad.  

Por último, se debatió un pedido de informe presentado por la legisladora Amelia Moscoso, del bloque Encuentro Vecinal, sobre diversos aspectos referidos al alojamiento de jóvenes con discapacidad en la Fundación Remar. Se aprobó la vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.