Luego del traspié en el Senado por el rechazo al mega DNU, el Gobierno puso manos a la obra en una agenda de trabajo para acelerar el tratamiento en la Cámara de Diputados de la segunda edición de la Ley ómnibus, luego del fracaso del primer intento durante las sesiones extraordinarias.

El viernes pasado, el ministro de Interior, Guillermo Francos, se reunió primero con referentes del bloque del PRO. Cristian Ritondo llegó al cónclave junto a un cohorte de selectos diputados como Diego Santilli, Silvia Lospennato, Damián Arabia, Luciano Laspina, Silvana Giudici y José Nuñez.

Acompañado por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y el virtual viceministro de Interior, Lisandro Catalán, el principal negociador político del Gobierno recibió luego en su despacho a un grupo de referentes del bloque radical conducido por Rodrigo De Loredo. 

Además del cordobés, estuvieron sentados en esa mesa Karina Banfi, Pamela Verasay, Soledad Carrizo y Luis Picat. La diputada Danya Tavela fue marginada como castigo como pertenecer al sector de Martín Lousteau, quien votó en contra del DNU en el Senado.

Después de la reunión, De Loredo firmó la carta de un grupo de radicales en contra de Lousteau por haberse "cortado solo", toda una señal hacia el Gobierno.  

Esa tarde, el Gobierno dejó filtrar en los medios el contenido de esa nueva versión de la ley de Bases, que será más acotada (269 artículos, a priori) y dejará afuera una serie de temas que generaban ruido en la oposición dialoguista.

Este lunes por la tarde, Francos cerró la ronda de conversaciones con bloques de la oposición moderada al recibir en su oficina al presidente de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien llegó a Balcarce 50 acompañado por Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y Oscar Agost Carreño. 

Estaba previsto que también se sumara el diputado cordobés Ignacio García Aresca, quien tuvo que excusarse debido a un cuadro de dengue. Tampoco pudo asistir Florencio Randazzo.

En este bloque no hay uniformidad de criterio respecto de la ley ómnibus. De hecho, Stolbizer, los dos socialistas de Santa Fe (Mónica Fein y Esteban Paulón) y la cordobesa Natalia de la Sota habían votado en contra en la votación en general de la primera versión de la iniciativa.

El acercamiento le sirvió a Francos para medir la vocación de colaboración de parte de este bloque de diputados, cuya decisión será clave a la hora de contar los porotos en el recinto. 

“Me parece necesario y conveniente que el Gobierno tenga la ley y que los gobernadores tengan previsibilidad fiscal, algo que está incluido en la propuesta", tranquilizó Pichetto antes de ingresar a la reunión en Casa de Gobierno.

El ministro también tanteó a los legisladores respecto de un eventual apoyo al DNU 70, y si bien no pudo profundizar demasiado al respecto, al menos se llevó el compromiso de que desde ese espacio no le pedirán una sesión especial al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. 

La idea es evitar la encrucijada que debió enfrentar la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cedió a las presiones opositoras para tratar el DNU y por ello se ganó el desprecio del ejército de trolls del movimiento libertario.

El bloque de Pichetto será funcional al juego del oficialismo de dilatar lo más posible la convocatoria al recinto por el decreto, si se puede para después del 25 de Mayo cuando el presidente recibirá a los gobernadores en la ciudad de Córdoba.

Los ejes del debate de la ley ómnibus

Los cañones de HCF apuntarán a pedir que el Gobierno acepte debatir a través de propuestas de leyes algunos de los temas contenidos en el mega decreto. 

Así lo adelantó el influyente diputado Nicolás Massot, quien llevó respiro a la Casa Rosada al adelantar que junto a un grupo de legisladores de su bloque no rechazarán el DNU si eventualmente el tema llega a desembarcar en el recinto.

Con respecto a las sugerencias que fue anotando Francos en su cuaderno fue recurrente la cuestión vinculada a la reversión del impuesto a las Ganancias.

Los diputados del PRO le transmitieron al funcionario que se tengan en cuenta excepciones para agentes de las fuerzas de seguridad y médicos que hacen guardias.

También le expresaron la preocupación por el atraso en los ingresos de jubilados, y pidieron darle celeridad al tratamiento de una nueva fórmula jubilatoria. 

Allí se planteó como alternativa que la reforma del mecanismo de actualización previsional pueda debatirse en una ley separada de la iniciativa ómnibus, pero no hay nada cerrado aún.

En la misma sintonía, De Loredo coincidió en que la reforma de la movilidad previsional debe tratarse lo antes posible, y que los jubilados no pueden esperar.

“Perdieron el 35% del poder adquisitivo, eso no puede esperar más. Ese fue un planteo muy puntual”, reveló el radical en la puerta de la Casa Rosada.

Por el momento, el Gobierno no se mueve un ápice de su propuesta para ajustar las jubilaciones mensualmente en base a la inflación, incorporando a su vez una compensación del 10% por las pérdidas que generaría el empalme con la fórmula anterior. 

Ese 10% corrige solo parcialmente esa pérdida real de ingresos ya que en enero el INDEC marcó un salto de precios del del 20,6%. 

La Coalición Cívica propone recomponer las jubilaciones en ese porcentaje y sobre esa base actualizar los haberes. La discusión sigue abierta. 

En el borrador que circuló de la nueva ley de Bases, el oficialismo cede en algunas cuestiones que la oposición dialoguista venía reclamando, y esa será la zanahoria con la que buscará asegurarse una cantidad de votos. Con los gobernadores, en cambio, el Gobierno aplicará la lógica del látigo y la billetera. 

La lista de empresas que se declaran privatizables pasa de 41 (como surgía de la primera versión de la ley) a 12, de las cuales apenas tres se plantea su privatización total (Aerolíneas Argentinas, Radio Televisión Argentina y Enarsa). 

Para otras seis empresas públicas se propone el formato de concesiones privadas, en tanto que las restantes tres compañías (Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica) se habilita la privatización parcial conservando para el Estado la mayoría accionaria. 

Por otra parte, las delegaciones de facultades legislativas quedan reducidas a solo cuatro (administrativa, energética, financiera y económica), por un plazo de solo un año sin prórroga, para que el Gobierno haga todas las reformas desregulatorias juntas. Quedan afuera la declaración de emergencias tarifaria y de seguridad.

Para ir a la caza de los votos, el oficialismo deberá repensar la estrategia comunicacional. La pregunta es si el presidente va a insistir con acusar sin distinción a los opositores de traidores, metiendo en una misma bolsa a quienes potencialmente podrían ayudarlos o va a levantar una bandera blanca y buscar una tregua. 

Esta última es la perspectiva que abraza Francos, y en esa línea está trabajando en sus conversaciones con los referentes opositores. 

En la última entrevista televisiva, Milei bajó varios cambios en sus críticas hacia la oposición dialoguista. Solamente cargó las tintas contra Lousteau, y porque el periodista que lo entrevistó le sacó el tema. 

Más allá de la confianza, no se disipa del todo la incertidumbre para el Gobierno ya que intuye que podría haber dificultades en la votación en particular como ya ocurrió en la versión pasada de la ley Bases. 

Esta vez no van a dar nada por sentado y no van a librar la suerte de la ley a las fuerzas del cielo sino que van a ajustar bien las tuercas de los acuerdos previos.

Un buen antecedente en este sentido es el candado que lograron ponerle a la sesión convocada por HCF el miércoles de la semana pasada para debatir la fórmula jubilatoria. 

Desactivaron el quórum de la única forma con la que podían hacerlo: con política. Convocaron a la comisión de Previsión y Seguridad Social para quitarle fuerza a la sesión y luego y le dieron a los radicales la presidencia de la comisión para premiarlos por haber dejado sin quórum el recinto.