En el caso de Aralí Vivas, la nena de ocho años de Brinkmann, el fiscal Oscar Gieco de San Francisco planea realizar imputaciones en las próximas horas contra funcionarios de la UDER, dependiente de la Senaf, por su papel en el retorno de Aralí y sus hermanos a un hogar que calificaron como "la casa del infierno." Los cargos serían por omisión de los deberes de funcionario público.

Paralelamente, Gieco indicó que también cambiará la calificación legal de los acusados directos: el padrastro, un amigo de él y la madre de Aralí, reforzando la responsabilidad judicial en el trágico desenlace.