Gabriel Fernández fue condenado en 2018 por violencia de género y, tras cambiar su identidad a Gabriela Nahir Fernández, fue trasladada al pabellón femenino de la cárcel de Bouwer. Allí, Fernández recibió varias denuncias por amenazas y agresiones hacia otras internas, aprovechando su mayor contextura física. La situación se agravó cuando fue acusada de abuso sexual contra una compañera que resultó embarazada.

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la prisión preventiva de Fernández, ordenando su traslado a un sector especial. La medida apunta a garantizar su seguridad, así como la de las demás internas, mientras avanza el juicio oral en su contra por múltiples cargos de violencia de género.

La ley que permite el cambio de género es simple y genera un dilema en el sistema penal, ya que actualmente existen casi siete identidades de género distintas. La falta de un marco claro para el tratamiento de personas trans en el sistema penitenciario ha llevado a este tipos de incidentes.

El fiscal federal de Córdoba Maximiliano Hairabedian, se expresó al respecto de este caso a tráves de su cuenta oficial de “X”, donde remarcó que la ley 26.743 de identidad de género presenta “laxitud” en sus exigencias cuando sí son necesarios para otras legislaciones distintos estudios, pericias psicológicas, entre otras medidas.

También señaló que hasta el momento no existe posibilidad de alojar casos como el de Fernández en el espacio carcelario destinado a mujeres.