El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado actualizó los datos sobre la reducción en el empleo público y detalló cómo se distribuyó el ajuste en los distintos sectores de la administración estatal. Según el informe oficial, la disminución de personal afectó principalmente a la Administración Pública Nacional (APN), a las empresas estatales y a las fuerzas de seguridad y militares.

Distribución del ajuste en el empleo público

El informe desglosó el impacto del recorte según el tipo de organismo estatal. La mayor reducción de personal se produjo en la Administración Centralizada y Descentralizada, con 22.302 empleos menos. En el caso de las empresas estatales, el ajuste representó la eliminación de 12.410 puestos de trabajo, mientras que en el sector de seguridad y fuerzas militares, la baja alcanzó los 2.883 empleos.

Con esta reducción, el número de empleados de la Administración Pública pasó de 205.000 a unos 183.000 en el último año. En el caso de las empresas del Estado, la dotación de personal descendió de 91.000 a alrededor de 78.000 trabajadores en el mismo período.

Este nuevo informe amplía la información que el ministerio ya había difundido un mes antes, cuando la reducción totalizada hasta noviembre era de 35.916 puestos de trabajo, lo que representaba una disminución del 7,2% en comparación con la dotación heredada en diciembre de 2023.

Tipos de contrato más afectados

El ministerio también especificó cómo impactó el recorte en función del tipo de contratación. En la Administración Pública Nacional, los empleados de planta permanente y transitoria sufrieron una reducción del 4,1%. Sin embargo, los ajustes más significativos ocurrieron en los contratos bajo la Ley Marco, con una caída del 18,3%, y en los contratos de Locación de Obras y Servicios (LOyS), donde la disminución alcanzó el 48,7%.

El recorte en los contratos LOyS, que implicaban la contratación de monotributistas para prestar servicios al Estado, fue el más pronunciado en términos porcentuales. Esta modalidad contractual había sido regulada en 2017 por un decreto de Mauricio Macri, que estableció un plazo máximo de 12 meses para estas contrataciones, derogando una normativa anterior de Cristina Fernández de Kirchner de 2008.

Impacto fiscal del recorte en el empleo estatal

Desde el ministerio señalaron que la reducción de personal generó un ahorro fiscal significativo. Para estimarlo, se utilizó la técnica de “Valor Actual”, que proyecta el ahorro futuro considerando los salarios que el Estado dejará de abonar.

En la primera evaluación, realizada hasta noviembre, el ministerio había calculado un ahorro total de USD 4.012 millones.

Con la actualización de diciembre, el número total de puestos de trabajo eliminados subió a 37.595, aunque el ministerio aún no informó una estimación revisada del ahorro fiscal considerando la nueva cifra de reducción de personal.