La jueza electoral María Servini dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de hacer entrega de 114.000 planes sociales para desocupados, tal cual habían solicitado desde el Frente de Todos.
El Frente que lleva de candidato a presidente a Alberto Fernández había denunciado que con el otorgamiento del plan se pretende "condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio".

Los apoderados habían reclamado la medida provisoria “urgente” para que se ordene a la cartera abstenerse de disponer de fondos para el pago de subsidios creados la resolución 1.177 de la Secretaría de Empleo, “o cualquier otra erogación que pudiera estar dirigida al condicionamiento de los electores” en los comicios del próximo 27 de octubre”.

Señalaron que la resolución, firmada el 3 de octubre, y “no publicada en el Boletín Oficial”, consiste en un “plan social” para unos 114.000 desocupados, con subsidios de 5.000 pesos por “única vez” para personas mayores de 18 años que no percibieran otros ingresos vía prestaciones sociales o previsionales.

Los denunciantes destacaron que se trata de un presupuesto de 570.000.000 de pesos, con más de la cuarta parte destinada al municipio bonaerense de Lomas de Zamora, y que serían canalizados por comunas y dirigentes locales afines al presidente Mauricio Macri, tiene como “objeto oculto” condicionar a quienes resulten beneficiarios del subsidio.