El Gobierno nacional decidió suspender la auditoría de las pensiones por discapacidad que estaba en marcha sobre más de un millón de beneficiarios. La medida será aplicada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y se mantendrá mientras avanza la investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo intervenido tras el escándalo de los audios filtrados de su exdirector, Diego Spagnuolo.

Hasta el momento, el proceso de control había dado de baja 128.667 pensiones:

110.522 fueron catalogadas como mal otorgadas.
8.107 correspondían a personas fallecidas.
10.038 a beneficiarios que renunciaron voluntariamente.

Con la nueva decisión oficial, todas esas bajas quedarán en revisión.

Una agencia bajo la lupa

La Andis quedó en el centro de la polémica luego de que se conocieran grabaciones en las que Spagnuolo admitía sobrecostos en la compra de medicamentos. A raíz de esa situación, el Gobierno intervino el organismo y ahora el Ministerio de Salud analiza no solo el sistema de pensiones, sino también las compras y la estructura administrativa.

En paralelo, quedó en pausa el plan para transformar a la Andis en un área interna de la cartera sanitaria, ya que esa decisión requiere facultades que solo puede otorgar el Congreso.

El Senado insistió con la emergencia en discapacidad

Mientras tanto, el Senado rechazó el veto presidencial e insistió con la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.

La norma, que obtuvo 63 votos a favor y apenas 7 en contra, reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y establece compensaciones económicas para el sector. El proyecto fue acompañado por bloques opositores y parte de aliados, en un nuevo revés legislativo para el Gobierno nacional.