El Objetivo
Un nuevo hallazgo judicial complica la situación del empresario Federico “Fred” Machado y reaviva las sospechas sobre el diputado José Luis Espert. Durante un allanamiento realizado en su vivienda en Viedma, agentes de la Policía Federal Argentina encontraron, en un tacho de basura, una copia rota y parcialmente quemada del contrato por un millón de dólares que ambos habían firmado en 2019.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien investiga al legislador por el presunto cobro de 200.000 dólares de parte de Machado. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois, y está bajo la órbita del fiscal federal Fernando Domínguez, que ya imputó a Espert y dispuso medidas para rastrear sus movimientos financieros y analizar sus cuentas bancarias.
Machado se encontraba bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pero tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de habilitar su extradición a Estados Unidos, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, ordenó su traslado a un destacamento policial. Los informes psicológicos que constan en el expediente llevaron a extremar las medidas de seguridad para evitar un intento de fuga o autolesión.
El Gobierno nacional deberá ahora ratificar oficialmente la extradición, un paso que la Cancillería adelantó que no obstaculizará. El expediente ya se encuentra en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el país del norte reclama al empresario por delitos vinculados a narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.
Según reveló el diario La Nación, el contrato hallado data del 7 de junio de 2019, apenas dos semanas antes de que Espert se lanzara formalmente como candidato a presidente. El acuerdo, caratulado como una “locación de servicios”, establecía el pago de 100.000 dólares al momento de la firma y el resto en nueve cuotas mensuales consecutivas del mismo monto, todas mediante transferencia bancaria.
El documento fue rubricado por Machado como representante de Minas del Pueblo, una empresa radicada en Guatemala que pertenecía al propio empresario y que actualmente está intervenida por la justicia estadounidense en el marco de una investigación internacional por lavado de activos y narcotráfico.
El hallazgo del contrato —en estado de destrucción parcial— se considera una prueba clave dentro de la investigación judicial que busca determinar si existió un vínculo económico ilícito entre el empresario acusado y el dirigente libertario.
