El fiscal Franco Mondino pidió la elevación a juicio oral contra 11 funcionarios imputados por el crimen de Valentino Blas Correas, el joven que fue asesinado por policías en agosto de 2020 en Córdoba. En la lista se encuentra el ex ministro de Seguridad provincial Alfonso Mosquera.

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación requirió en las últimas horas la citación a juicio en contra de 11 funcionarios públicos imputados en relación a la actuación posterior al crimen de Blas Correas. Dicha investigación tuvo inicio luego de la sentencia dictada por la Cámara Octava del Crimen de la ciudad de Córdoba en la que se juzgó el homicidio y busca determinar la conducta de quienes estaban encargados de diversas áreas provinciales.

Entre los acusados se encuentran el ex ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Fernando Mosquera; el ex Sub Secretario de Coordinación y Planificación Estratégico del Ministerio de Seguridad, Lucas Sebastián Mezzano (quien se desempeña en la actualidad en el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Córdoba); y el ex Comisario Mayor, Gonzalo Leonardo Cumplido, quien se desempeñaba como Sub Director General de Seguridad  de la Policía.

Luego de practicarse y concluirse la pesquisa, se procedió a la citación a juicio por cinco hechos.

En el primero de ellos, deberán ser juzgados Norberto González, Emmanuel Alejandro Fachisthers, Natalia Soledad Márquez, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Daniel Eduardo Henot, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza, como autores del delito de abuso de autoridad, por cuanto quedó acreditado con grado de probabilidad que en la madrugada del 6 de agosto de 2020, ejerciendo funciones como policías de la provincia de Córdoba, “omitieron resguardar la vida de la víctima con motivo del control policial vehicular en la intersección de Av. Chacabuco y calle Corrientes del auto en el que se trasladaba junto a Juan Cruz Camerano Echavarría y Camila Toci, al no brindarle ninguna clase de asistencia e impedir que llegara al Hospital de Urgencias, falleciendo finalmente”.

En cuanto al segundo hecho investigado, en el mismo escenario del control vehicular policial, la Oficial Principal Natalia Soledad Márquez también deberá responder por el delito de lesiones leves calificadas cometidas en abuso de la función por parte de miembro integrante de la fuerza policial. Esta acusación es porque, al momento de realizar el palpado preventivo de la víctima Camila María Toci (quien también viajaba en el mismo vehículo que Valentino Blas Correas), le propinó dos patadas en la zona del tobillo derecho, resultando lesionada.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el tercer hecho investigado es contra el Comisario Mayor, Gonzalo Leonardo Cumplido, quien se encontraba ejerciendo el cargo de Sub Director General de Seguridad por la Capital, Zona Sur. Se dispuso la citación a juicio como autor del delito de encubrimiento por omisión de denuncia agravada por la calidad funcional, por la gravedad del hecho precedente y por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones. Se comprobó que en la madrugada del hecho se anotició del plantado de un arma de fuego por parte del personal policial y su posterior hallazgo en la escena criminal con la finalidad de que se desviara la investigación y con ello encubrir los verdaderos autores.

En cuanto al cuarto hecho investigado, el ex ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Fernando Mosquera, deberá responder en calidad de autor de presentación u ofrecimiento de dádivas, mientras que su colaborador el ex Sub Secretario de Coordinación y Planificación Estratégico del Ministerio de Seguridad, Lucas Sebastián Mezzano, será por ser partícipe necesario por el mismo delito. En el mismo contexto, el ex Comisario Mayor, Gonzalo Leonardo Cumplido, es acusado de admisión de dádivas.

La maniobra delictiva investigada y probada por la que deberán ser juzgados consistió en el que ex ministro “le ofreció y entregó un vehículo marca Toyota, modelo Corolla, con el pago del seguro del automotor y tickets de naftas a Cumplido, lo cual se logró gracias a la intervención necesaria de Mezzano, quien era hombre de confianza del funcionario. El ofrecimiento y aceptación del vehículo en cuestión se dio en el marco de las derivaciones del homicidio como causa de gatillo fácil”.

Por último, en relación al quinto hecho investigado, deberá responder como autor del delito de abuso de autoridad el Director de la Dirección Centro de Comunicaciones y Video vigilancia de la Policía, Víctor Rubén Di Stéfano, ya que autorizó a personal jerárquico de la Policía “ingresar a la sala de Video Cámaras a fin que pudiesen visualizar las secuencias grabadas en relación al hecho ocurrido momentos anteriores, que se produjo el crimen”.

Asimismo, el fiscal determinó que tres de los ocho hechos que se investigaban serán archivados. Uno es contra Liliana Rita Zárate Belletti, por entonces Directora General de Recursos Humanos de la Policía de Córdoba, como así de sus funcionarios a su cargo, por el hecho de la supuesta incorrecta “supervisión” que debían realizar en relación al control de la eficiencia en la formación y de la posterior evaluación de aptitud para continuar en el desempeño funcional del personal policial, más precisamente, en el caso de Javier Catriel Alarcón (uno de los policías condenados por el homicidio), quien había reprobado en julio de ese año la materia “uso racional de armas equipos lesivos”.

En relación al segundo hecho que fue archivado, se procedió a la investigación de la conducta de los policías Comisario Inspector Augusto Fernando Lavalle y Suboficial Mayor Carlos Gabriel Ireneo Andrada, en relación al trato y contención psicológica que debieran haber recibidos las víctimas del delito, como así sus familiares.__IP__

Sobre el tercer antecedente que se procedió a archivar, es en relación a dos hechos que ya habían sido debidamente investigados por el Fiscal en lo Penal Económica de 1° Nominación, Matías Bornancini, respecto a la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Maria Becerra, por el supuesto delito de abuso de autoridad.

Por el momento las autoridades informaron que queda pendiente el hecho por el cual se imputó del delito de violación de medios de prueba, registro o documentos, a los policías Jorge Ariel Galleguillo; Walter Eduardo Soria; Enzo Gustavo Quiroga; Sergio Alejandro González; Javier Catriel Alarcón, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica.