El Objetivo
Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron formalmente a la Justicia de Nueva York que declare al Estado argentino en desacato y le aplique multas monetarias, al considerar que existen “maniobras dilatorias” en el cumplimiento de órdenes judiciales.
La presentación fue realizada este miércoles por los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, quienes reclaman el acceso a comunicaciones digitales de funcionarios y exfuncionarios argentinos. Según sostienen, esa información resulta central para demostrar que distintos organismos estatales operan como un “alter ego” del Estado nacional.
El pedido apunta a obtener registros de dispositivos personales, incluidos chats y correos electrónicos, con el objetivo de probar la existencia de una coordinación directa entre el Gobierno y entidades como el Banco Central, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, lo que podría habilitar futuros embargos.
El conflicto se profundizó luego de que los demandantes denunciaran que la información fue entregada “a cuentagotas”. Ante el tribunal, señalaron que la falta de respuestas completas obstaculiza el proceso y justifica la aplicación de sanciones.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación argumentan que los dispositivos reclamados son de carácter personal y que su entrega depende de la voluntad individual de cada funcionario involucrado. En esa línea, la defensa argentina se opone a una “audiencia probatoria indefinida” sobre material privado.
En audiencias previas, la jueza Loretta Preska ya había advertido que la negativa a producir la información solicitada podría derivar en sanciones económicas y procesales. Incluso, los abogados de los fondos anticiparon que avanzarán con la ejecución de esas sanciones si persiste la falta de cooperación.
Entre los funcionarios mencionados en la causa figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quienes rechazaron entregar sus comunicaciones personales. También aparece el exministro Sergio Massa, quien no habría respondido al pedido oficial de colaboración.
No obstante, cerca de la mitad de los involucrados aceptaron cooperar con el proceso judicial. Entre ellos se encuentran el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; y el exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo.
En contraste, exfuncionarios de la gestión anterior como Eduardo “Wado” de Pedro, Agustín Rossi y Gabriel Rubinstein continúan en la nómina de quienes no dieron respuesta a los requerimientos judiciales. El avance del reclamo por desacato abre un nuevo capítulo de tensión en el litigio internacional por la expropiación de YPF.
