El Congreso de la Nación clausuró un 2025 atravesado por la confrontación política y la parálisis legislativa. Durante el período ordinario solo se sancionaron 11 leyes, a las que se sumaron dos más en sesiones extraordinarias, lo que convirtió a este año en el de menor productividad parlamentaria de los últimos diez años.

El balance legislativo deja un dato contundente, ninguna de las leyes aprobadas durante el período ordinario fue impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo. De las 11 normas sancionadas entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, ocho correspondieron a proyectos promovidos por la oposición, como el Financiamiento Universitario, los aumentos a jubilaciones y la Ley Nicolás, mientras que las tres restantes fueron acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

Recién en las sesiones extraordinarias el oficialismo logró avanzar con iniciativas propias. Este viernes se aprobaron el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, las únicas normas del año impulsadas directamente por el Gobierno nacional.

A lo largo de 2025, el presidente Javier Milei utilizó en siete oportunidades la facultad de veto. Sin embargo, el Congreso logró insistir y revertir tres de esas decisiones, manteniendo la vigencia de las leyes a pesar del rechazo del Ejecutivo y marcando un fuerte contrapunto institucional.

La oposición recurrió además a una herramienta técnica poco utilizada, los emplazamientos a comisión, para forzar el tratamiento de proyectos. Mientras que en años anteriores el máximo registrado era de tres por período, en 2025 se contabilizaron 20, lo que obligó al oficialismo a debatir iniciativas que no formaban parte de su agenda.

En otro hecho inédito, el Congreso rechazó cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, limitando el margen de acción del Presidente y exhibiendo una postura más activa frente al Ejecutivo.

Un informe de Directorio Legislativo detalló que de las 22 sesiones realizadas durante el año, la mitad fueron especiales, lo que refleja la dificultad para consensuar una agenda parlamentaria común.