El Objetivo
La Municipalidad de Villa Allende pondrá en marcha a partir de febrero un sistema de cierres nocturnos en calles secundarias, luego de recibir la autorización de la Justicia, que avala una política inédita en la provincia de Córdoba.
La medida forma parte del “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal”, respaldado por la ordenanza 14/25, como respuesta al aumento de hechos delictivos en el municipio. Según datos oficiales, el 60% de los robos se registran durante la noche.
El fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación consideró que la instalación de portones nocturnos es “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”. Además, la Justicia reconoció la existencia de una emergencia en seguridad declarada desde 2023 y destacó que el proceso respetó el derecho a la participación vecinal: solo el 1,98% de los empadronados expresó su rechazo mediante el Registro de Oposición.
Foto: Municipalidad de Villa Allende
El intendente Pablo Cornet sostuvo ante La Voz que la medida no responde a decisiones políticas o ideológicas, sino a una solución práctica frente al incremento de la inseguridad.
El plan inicial contempla 15 portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, con cierre de 22 a 6 horas y apertura a cargo del personal municipal. Según explicó Cornet, la extensión a otras zonas —como La Cruz, La Amalia y Jardín Epicuro (nueve cierres proyectados) y San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque (12 accesos)— se evaluará según los resultados.
Además de los portones, el programa prevé la incorporación de 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales, con el objetivo de establecer corredores seguros. Cornet, quien fue víctima de un robo reciente, advirtió sobre la lentitud de los procesos judiciales: “Denuncié el sábado 27 de diciembre, pero los allanamientos se realizaron recién el martes 30”, señaló.
No obstante, la medida generó críticas de algunos sectores. Cecilia Klor, vecina de Lomas Sur y una de las demandantes, aseguró: “No nos tomaron en cuenta como vecinos”. Por su parte, la concejal Marta Banegas (bloque Elegí Villa Allende) cuestionó la resolución, afirmando que “en vez de políticas de inclusión, se llevan adelante políticas de segregación”, y cuestionó la eficacia de los cierres al recordar robos ocurridos incluso en barrios cerrados con vigilancia tecnológica.
Los vecinos que presentaron el amparo colectivo argumentan que la medida restringe derechos fundamentales como la libre circulación, la igualdad ante la ley y la no discriminación. También sostienen que las calles públicas son patrimonio estatal cuya función solo puede modificarse por legislación nacional, y criticaron la falta de estudios técnicos que respalden la eficacia del plan. Tras la controversia, la Municipalidad incorporó a inquilinos y otros residentes al Registro de Oposición, mediante un decreto reglamentario.
En defensa del programa, las autoridades municipales citaron dictámenes de la Corte Suprema y remarcaron que los cierres son temporales, acotados y asociados a la emergencia declarada por la ordenanza 13/2025. Destacaron también la doble legitimidad democrática de la medida: aprobación del Concejo Deliberante y mínima oposición registrada.
La Justicia distribuyó las costas por el orden causado, considerando la complejidad del caso y reafirmando que la restricción parcial no vulnera la libre circulación, al estar fundada en una situación de emergencia demostrada. Pese al fallo, los demandantes anunciaron que apelarán, por lo que la controversia judicial continúa abierta.
