El Objetivo
La compra de 15 drones, junto con capacitaciones y software destinados a la Policía de Córdoba, desató un fuerte conflicto institucional entre el Gobierno provincial y el Tribunal de Cuentas. El organismo de control rechazó el expediente y frenó la licitación, valuada en 7 millones de dólares, impulsada para crear la división Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados, conocida como Svant.
El proyecto había sido anunciado en mayo de 2025 y este lunes fue defendido públicamente por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, durante una conferencia de prensa.
Quinteros aseguró que la compra es clave para el esquema de seguridad de la provincia y remarcó que el proceso fue transparente. “Tenemos que gestionar en 165 mil kilómetros cuadrados para 4 millones de habitantes. Para nosotros es importante que esto quede claro”, sostuvo. Además, negó que se tratara de una compra directa y explicó que fue una licitación pública con doble sobre y más de 70 pasos administrativos.
El ministro también cuestionó el rol del Tribunal de Cuentas y afirmó que el organismo se excedió en sus funciones. “Debe controlar la legalidad del gasto. No hablan de sobreprecios ni de trámites administrativos mal hechos. Todas las áreas previas aprobaron el expediente”, indicó, y agregó que la licitación fue “absolutamente transparente”, a pesar de que solo se haya presentado una empresa.
Por su parte, Siciliano apuntó directamente contra la oposición y consideró que el rechazo del expediente responde a una maniobra política. “Una cosa es controlar y otra es obstruir. Cuando te escondés en la mayoría del Tribunal de Cuentas para frenar una acción de Gobierno, estás jorobando a la gente”, afirmó. También recordó votaciones anteriores en las que, según dijo, la oposición se manifestó en contra de distintas políticas públicas impulsadas por la Provincia.
Desde el Tribunal de Cuentas, la presidenta María Fernanda Leiva explicó que la decisión se basó en observaciones técnicas y legales. En declaraciones a Arriba Córdoba, señaló que las especificaciones de los drones estaban “hechas a medida para una empresa” y que el presupuesto incluía ítems sobredimensionados.
Entre los puntos cuestionados, mencionó la compra de software de reconocimiento facial y de patentes, que aseguró es de libre disponibilidad, además de cursos de capacitación con valores superiores a los del mercado y equipamiento que podría haberse adquirido a un costo menor. “Estamos hablando de una compra de 7 millones de dólares. No es una cuestión política”, remarcó.
Mientras tanto, la licitación continúa frenada y el conflicto suma tensión entre el Ejecutivo provincial y el organismo de control. Si querés, la adapto al tono de tu portal o la hago un poco más larga o más corta.
