En el contexto de la emergencia por los incendios que afectan a la región de la Patagonia y tras los cuestionamientos recibidos por la gestión presupuestaria, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la entrega de subsidios por un monto cercano a los $120 mil millones destinados al fortalecimiento del sistema de bomberos.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo dotar de equipamiento, recursos operativos y capacidad de respuesta a las entidades que intervienen en desastres de gran magnitud.

Cómo se distribuirán los fondos

El esquema de financiamiento alcanza a 1.062 asociaciones de bomberos de primer grado en todo el país, que recibirán $94.924.971,75 cada una. Según lo establecido en la resolución, los recursos deberán destinarse exclusivamente a:

• Compra de equipamiento operativo
• Materiales de protección personal
• Vestimenta adecuada
• Mantenimiento de unidades destinadas a la lucha contra incendios

Además, el presupuesto contempla partidas específicas para otras estructuras del sistema:

• Entidades de segundo grado (Federaciones Provinciales): dos transferencias por aproximadamente $7.754 millones, destinadas a gastos de funcionamiento y capacitación.
• Consejo de Federaciones (tercer grado): fondos orientados a la Academia Nacional de Capacitación y gastos de representación.
• Agencia Federal de Emergencias (AFE): más de $2.584 millones para tareas de fiscalización, formación y adquisición de equipamiento regional.

Condiciones de pago y controles

La normativa establece condiciones estrictas para el uso de los fondos. De acuerdo con el artículo 8° de la resolución, los pagos se realizarán conforme a los ingresos registrados en la cuenta recaudadora del Banco de la Nación Argentina y según cuotas de compromiso trimestrales.

Asimismo, el Gobierno reforzó los mecanismos de control y transparencia y advirtió que, ante incumplimientos administrativos o irregularidades en el uso de los subsidios, la autoridad de aplicación podrá suspender a las asociaciones beneficiarias y frenar la ejecución de los fondos.

En casos de irregularidades graves, el Estado se reserva además el derecho de iniciar acciones legales contra los responsables.