El Objetivo
En un contexto internacional atravesado por la volatilidad del precio del petróleo, el Gobierno nacional dispuso un cambio clave en la política de combustibles: permitirá a las petroleras aumentar de manera voluntaria el porcentaje de bioetanol en las naftas hasta un 15%.
La decisión, oficializada a través del Boletín Oficial, se enmarca en un conjunto de medidas orientadas a mitigar el impacto del encarecimiento del crudo sobre los costos internos. Hasta ahora, el corte obligatorio de bioetanol se ubicaba en torno al 12%, repartido entre producción a base de caña de azúcar y de maíz.
Con la nueva normativa, las empresas podrán elevar ese porcentaje en función de sus estrategias, disponibilidad de insumos y condiciones de mercado. El objetivo es claro: sustituir parte de los componentes fósiles por biocombustibles, que en determinados contextos pueden resultar más competitivos en términos de costos.
La iniciativa también se alinea con planteos previos impulsados desde el interior productivo. En particular, el gobernador Martín Llaryora venía reclamando desde hace meses una mayor participación del bioetanol en la mezcla de combustibles.
Impacto en la agroindustria
Más allá del aspecto energético, la medida podría tener efectos directos sobre la cadena agroindustrial. Un mayor uso de bioetanol implicaría un incremento en la demanda de materias primas, especialmente maíz y caña de azúcar.
En ese sentido, Córdoba se posiciona como un actor clave, ya que es la principal productora de etanol de maíz del país, con más de 1,3 millones de toneladas del cereal destinadas anualmente a la elaboración de este biocombustible.
También podrían verse beneficiadas las economías regionales del norte argentino vinculadas a la producción de bioetanol de caña de azúcar.
Sin embargo, el impacto final dependerá de la adopción por parte de las petroleras, ya que la medida no establece una obligación, sino que habilita una posibilidad. Si el bioetanol resulta más competitivo frente a los derivados del petróleo, su utilización podría crecer; de lo contrario, su implementación podría ser más limitada.
De esta manera, el Gobierno apuesta a una herramienta flexible para enfrentar la presión de los precios internacionales, mientras abre una oportunidad para el desarrollo de los biocombustibles en el país.
