El Objetivo
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 imputó a los dueños de la empresa Constructora Sudamericana (COSUD) S.A. en la causa que investiga el derrumbe de la losa del sector 2 del complejo habitacional “Estación Buenos Aires”, en el barrio porteño de Parque Patricios, tras la reconfiguración de la carátula propuesta por el Ministerio Público Fiscal. Ante la falta de respuestas, un vecino anunció que se mudará hasta que se solucione la situación.
Conforme al escrito, la fiscal María Rosa Selvatici consideró que el presidente del directorio de la firma, Rudi Boggiano; el arquitecto y vicedirector Carlos Rubén Bertrán; el ingeniero, director titular y apoderado Néstor Raúl Caputo; el ingeniero Martín Cittadini; la arquitecta Mónica Fabiana Rzepa; el apoderado Carlos Rocha; y el jefe de la obra, Julio Momo llevaron a cabo la construcción del sector 2 con “vicios estructurales” en la losa de planta baja sobre el estacionamiento del primer subsuelo en su sector central.
En este sentido, consignó que los responsables dispusieron una “sobrecarga de aproximadamente 0,70 metros de tierra natural más placas de laja, sin sistema de drenaje eficaz para el patio central”, mientras que “desatendieron los reclamos formales reiterados por filtraciones y compromiso estructural dirigidos a la empresa desde el año 2022, en particular la intimación del Ministerio Público Fiscal porteño (…), cuyo cumplimiento constructivo no se materializó hasta el momento del colapso”.
Asimismo, atribuyó al encargado de la área técnica de COSUD, Cristian Andrés Tejía, y al ingeniero Francisco Adolfo Sierra “haber dispuesto y ejecutado, en el período inmediato anterior al derrumbe, tareas de perforación e impermeabilización, sin memoria descriptiva y sin proyecto de intervención previo, en una losa cuyo compromiso estructural por filtraciones reiteradas era de conocimiento de la empresa".
Por su parte, endilgó a los apoderados del Banco Hipotecario el incumplimiento del "deber fiduciario de control de obra que pesa sobre el Fiduciario en los términos del contrato de fideicomiso, pese al conocimiento concreto y documentado de las filtraciones y del compromiso estructural de la viga sobre subsuelo del sector que ulteriormente colapsó".
La calificación del expediente fue modificada a estrago culposo agravado, cuyo delito juzga la imprudencia, negligencia o impericia que atenta contra la seguridad pública y que tiene una pena de seis meses a tres años.
Fabiano Perotto, uno de los vecinos damnificados, conversó con NA y remarcó que la situación no cambió porque “los escombros están ahí quietos”, “los colectivos no entran, paran lejos" y continúa la custodia de Bomberos y Policía de la Ciudad.
En este escenario, confirmó que su familia se marchará “la semana que viene” hasta que se pueda regresar al departamento: “Nos vamos hasta que la zona sea transitable”.
