Este 8 de marzo, como todos los años desde 1975, cuando las Naciones Unidas proclamó el día en homenaje a las 129 mujeres que murieron en un incendio en la fábrica textil Cotton, en Nueva York (1908), se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como siempre en estas fechas, las escuelas construyen memoria al recordar las luchas de nuestra sociedad para conquistar derechos y libertades.

Este 8 de marzo es algo más. Hoy, también es un día de balance en el largo y constante camino en la consecución de derechos. 

Todavía se considera que el inmenso universo de responsabilidades, cuidados y tareas —algunas de alto riesgo y desgaste físico— que desarrollan (en la gran mayoría de los casos) las mujeres dentro de sus hogares, no es trabajo. La trata de personas —especialmente para explotación sexual—, en todo el mundo y, lamentablemente, también en Argentina, sigue teniendo como principales víctimas a mujeres y niñas. Pese a múltiples legislaciones y políticas públicas, la violencia contra las mujeres existe, real y simbólicamente. Los femicidios y las denuncias por maltrato exigen que hay involucrarse.

Es necesario enseñar y aprender desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos, esto es, desde la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en cada aula.

Porque la escuela, como espacio privilegiado de lo público, debe educar a niñas, niños y adolescentes en la perspectiva de la igualdad de género y contra toda forma de violencia física o simbólica, desafío que, en las actuales circunstancias, se comprometen aún más como educadores en hacer de cada aula, de cada escuela, un lugar activo de convivencia democrática que no haga lugar a desigualdades de ningún tipo.

Es imprescindible, entonces, que desde todos los niveles y modalidades educativas se generen espacios de diálogo significativos, que permitan desnaturalizar estereotipos que reproducen desigualdades y que son el origen de la violencia de género, para poder erradicarla. La escuela, que siempre ha sido un ámbito de cuidado, hoy más que nunca puede acompañar los procesos que estén atravesando las y los estudiantes, a fin de poder derivar, prevenir, atender y reparar estas situaciones desiguales y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, indicaron desde el gobierno provincial.