La Provincia de Córdoba autorizó la enajenación de 17 inmuebles estatales
A partir del decreto 958/22 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Provincia de Córdoba autorizó la enajenación de 17 inmuebles estatales, en el marco del Programa de Ordenamiento de Bienes Inmuebles (PROBIP), que tiene como objetivo – entre otros – la movilización del recurso inmobiliario ocioso de acuerdo a lo que dispone la Ley Nº 10.580 sobre Bienes Inmuebles del Estado.
Según surge del decreto – que lleva la firma del gobernador Juan Schiaretti y de los ministros y secretarios de Estado – se trata de inmuebles desocupados que “no tienen actualmente asignación ni uso, que carecen de utilidad para los organismos que anteriormente los utilizaban y que no registran solicitudes de asignación por parte de ninguna jurisdicción u organismo provincial”.
Están distribuidos de la siguiente manera: cuatro en la ciudad de Córdoba, cuatro en la localidad de Huerta Grande, cuatro en La Falda, cuatro entre las localidades de Mendiolaza, Villa Giardino, Valle Hermoso y Oliva, y otro más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La enajenación de los bienes inmuebles se llevará a cabo de forma gradual mediante subasta electrónica, a través de la plataforma Subastas Judiciales Electrónicas conforme el convenio suscripto con el Poder Judicial, procedimiento que garantiza los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad que deben estar presentes en las contrataciones públicas. Los fondos recaudados se reinvertirán en gastos de capital.
Sobre el PROBIP
El patrimonio inmobiliario constituye uno de los recursos más relevantes con los que cuenta el Estado para el cumplimiento de sus objetivos. Su buena gestión implica lograr un óptimo y eficaz aprovechamiento, bajo un esquema de sustentabilidad, transparencia y austeridad.
En ese marco, el PROBIP trabaja en cuatro ejes: la adecuación normativa; un sistema integrado y unificado de Gestión de Bienes Inmuebles, en línea con los sistemas de Rentas, Registro y Catastro; la regularización dominial y administrativa y, por último, la optimización de recursos, que implica el relevamiento permanente de inmuebles, su reordenamiento y reasignación a fin de reducir costos y optimizar el funcionamiento de las dependencias administrativas provinciales.