El Ministerio de Salud de Córdoba anunció la implementación de un programa de acceso al cannabis medicinal para el tratamiento gratuito de personas con epilepsia refractaria.

El tratamiento alcanza a personas con epilepsia refractaria, a partir de los 2 años, que no tengan obra social, a quienes se les requiere la prescripción de un profesional neurólogo, acompañado por la evaluación y los estudios pertinentes a la patología.

Este programa se enmarca en la Ley Nacional 27.350 que establece el marco regulatorio para la "investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud", norma a la que adhirió la provincia en mayo de 2021.

"Estamos dando los primeros pasos en el marco de este programa y éste es un paso muy importante que sabemos que abre una puerta y genera mucha expectativa", manifestó la ministra de Salud local, Gabriela Barbás, en un comunicado oficial.

No obstante, la funcionaria aclaró que la medicina cannábica "no viene a reemplazar ningún abordaje, sino que es una herramienta más para esta indicación específica".

La epilepsia refractaria es una enfermedad que afecta entre el 0,5% y el 1% de la población mundial, por lo que se estima que en Córdoba hay entre 6.000 y 12.000 que la padecen, según indicó el neurólogo infantil Ariel Martínez, que se desempeña en la Unidad de Epilepsia del Hospital de Niños.

Agregó que de esos pacientes "alrededor de un 30% es candidato a cirugía; del resto, una porción podría beneficiarse con el uso del cannabidiol, siempre en el marco de un tratamiento integral".

El programa provincial también tiene como objetivo fomentar la investigación, el desarrollo productivo y la elaboración de productos vegetales a base de cannabis y sus derivados, para el abordaje de tratamientos eficaces que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.

También promueve el acceso gratuito al suministro adecuado de cannabis medicinal de calidad para las personas con cobertura pública exclusiva, en función de la evidencia científica y el marco legal vigente.